Las técnicos educativos y CGT se mantienen a la espera de noticias de la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia, Gloria Rojas, ocho días después de la reunión, tras el compromiso de recabar informes a sus técnicos sobre la situación laboral de este colectivo.
“Desde entonces hasta ahora ninguna noticia ni muestra o indicio de querer solventar cuestiones que son fácilmente subsanables como las cotizaciones a la seguridad social, cuestión que hace pensar que en la asamblea que se desarrollará mañana se fijen nuevas fechas de acciones públicas de denuncia del alarmante perjuicio que se ha causado y se sigue causando a estas profesionales, pudiendo pesarles como una abultada loza para el futuro laboral de las mismas al no contar con los reconocimientos de los méritos que les corresponden a la hora de concurrir a las OEP cuyas bases deben acordar antes de finales de este año”, señala el sindicato.
Para CGT parece “un absoluto abuso de poder” por parte del equipo de Gobierno que siendo alertado de “gravísimos incumplimientos” de la legalidad vigente se mantenga “anclado en mantener situaciones ilegales, tal y como demuestra que las técnicos educativos que han sido contratadas por la ciudad para este curso escolar 22/23 mantengan cotizaciones inferiores a una jornada de trabajo cada día, violando la ley de Seguridad Social y causando enormes perjuicios individuales a las personas contratadas”.
“Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla exigimos soluciones rápidas antes de que lo daños colaterales se hagan crónicos y se multipliquen los perjuicios para las miembros de este colectivo, la mayoría mujeres y hacemos un llamamiento a la cordura de Gloria Rojas y su equipo para que se rectifique algo que nunca debieron provocar”, insiste esta organización sindical.
Por ello y antes de llevar a cabo nuevos actos de denuncia pública, desde CGT “reclamamos la urgente regularización de las cotizaciones dejadas de realizar en los últimos años, el abono inmediato de los trienios correspondientes a cada una de las personas afectadas conforme les corresponda, el reconocimiento de la antigüedad a los efectos de que esta les compute como méritos para las distintas OEP (Ofertas de Empleo Público) que se deben poner en marcha cuyas bases deben estar negociadas antes del 31 de diciembre 2022, el compromiso de realizar una OEP de al menos 150 vacantes que garantice la no privatización de estos servicios y la concurrencia conforme a lo previsto constitucionalmente en Igualdad, méritos y capacidad, el respeto del convenio colectivo del Ayuntamiento de Melilla a las miembros del colectivo contratados/as a través de los planes de empleo”, son las principales reivindicaciones.
