Comienza hoy la toma de declaraciones a dirigentes del PSOE por un presunto delito electoral relacionado con el voto por correo en las elecciones generales de 2008 y el uso electoralista y partidista que en beneficio de la coalición PSOE-CpM pudo hacerse de los Planes de Empleo que dependen de la Delegación del Gobierno.
El asunto es polémico y complicado, se promete largo y repleto de altercados verbales entre los partidos en la oposición y Gobierno de la Ciudad. La carrera hacia las elecciones autonómicas-locales del 22 de mayo se caldea y se precipita. No obstante, es preciso dejar actuar a la Justicia, aunque sin perder de vista algunas de las conclusiones iniciales de la investigación policial y judicial, en el marco de un voto por correo que en 2008 creció desaforadamente, hasta un 76% respecto de 2007, de modo que un 17% del electorado optó inusitadamente por el voto postal. Sin duda, lo que sucedió y por qué sucedió hay que aclararlo por el bien de la democracia, de la gestión pública y la clase política en general.
