Uno de los matices fundamentales de opinión que se mueven como eje de las campañas mediáticas contra la República de Cuba, se sustenta en que se vulneran los derechos humanos. Así, numerosas personas sin saber qué encarna ciertamente este concepto, lo subrayan en aras de interpelar sus ofuscaciones contra la atroz dictadura comunista. Otros, a sabiendas de la trascendencia histórica y jurídica de estos derechos, emplean estas y otras expresiones como punta de lanza para falsear y forcejear.
Sabedor que la Declaración Universal de los Derechos Humanos refrendada el 10/XII/1948, fue el fruto de la Segunda Guerra Mundial (1-IX-1939/2-IX-1945) que sufrió el siglo XX, sus propósitos más reveladores gravitaban en impulsar y extender el respeto a explícitas cualidades humanas como la vida, la dignidad o la libertad, independientemente de la posición cívica, política o social de los individuos.
Por aquel entonces, se dialogaba sobre derechos que eran inseparables al ser humano y que se contemplaban de manera internacional por el mero hecho de existir. Sin embargo, lo que inicialmente se convirtió en una acrobacia cualitativa en los designios de la humanidad por salvaguardar los derechos básicos de las personas, actualmente ha derivado en un raciocinio cínico y formalista.
El discurso liberal incita a entrever los derechos humanos desde el enfoque individualista. No obstante, las enormes dificultades económicas y sociales son la barrera principal para que no se disfrute a plenitud de dichos derechos que ostentan los ciudadanos de estados primermundistas.
De ahí, que no sea algo novedoso que el escenario de los derechos humanos en Cuba sea algo calamitoso, pues no se considera la libertad de las personas. Existe un partido único, el comunista, al cual hay que aferrarse como sea para tomar parte en política. Y cualquier individuo que se declare contra el régimen o exprese una impresión enfrentada o demande libertad, está sometido a persecuciones arbitrarias, causas y penas de presión que pueden alcanzar los treinta años de cautiverio.
"Hoy, los diques de contención que aplacaban las muchas protestas sociales, o tal vez, habilitaban una vertiginosa sujeción de las muestras de resignación, han comenzado a desintegrarse y caer por su propio peso"
Si bien, se constatan los que por ignorancia o mala fe, hacen hincapié en reprochar y satanizar el entorno del país insular. O lo que es lo mismo, desechan reconocer las conquistas obradas en Cuba en esta materia, o los que empequeñecen como algo habitual, en incluso vician hechos e inexactitudes del ordenamiento jurídico para lucir únicamente las borrones y de ningún modo la victorias obtenidas.
Y es que, este es un territorio donde a todas luces se asesina, tortura y reprime con ensañamiento, porque hacer mención a los derechos humanos es una terrible frivolidad: que las prescripciones cubanas sean insuficientes no legitima ese tipo de juicios.
Con lo cual, la Revolución Cubana (26-VII-1953/1-I-1959) desde el punto de vista humanitario como paradigma político de emancipación y justicia social, digamos que un progreso hacia la igualdad de los ciudadanos y un medio para liberarlos de un estado de dominación material, encontró en el socialismo un sistema económico que se aprovecharía de base para una subsistencia en sociedad, que no contribuyese a la desigualdad y opresión de mayorías por élites acomodadas y empoderadas.
A pesar de las muchas debilidades y pocas fortalezas, como insuficiencias materiales, monumentales fiascos sociales, intensificación de ese verdadero episodio violatorio, incuestionable y masivo de los derechos humanos, teniendo en cuenta el marco legal vigente con la conformidad de una nueva Constitución, nadie duda que se efectuaron cambios económicos pero, finalmente, no se implementaron en la vertiente política hasta desembocar en una sociedad amordazada en el abatimiento.
Luego, los reproches y desaprobaciones en Cuba, aunque reiterados, son generalmente aislados y con baja convocatoria de llamada, siendo infravalorados por los medios de comunicación extranjeros y recibiendo a penas la debida atención mundial.
Sin obviar, que en las últimas décadas las organizaciones de derechos humanos han condenado con rotundidad la inhumana represión y censura del Gobierno en los planos de la libertad de expresión, libertad de prensa y protección de los derechos humanos. Porque, lo que se emprendió como una crítica focalizada y local, en este momento se ha esparcido como la pólvora y despertado la atracción de la prensa y la Comunidad Internacional.
Por lo tanto, resulta significativo entender qué son realmente y envuelven los derechos humanos, pues se trata de una materia que posee numerosas aristas desde las cuales se cuestionan conceptos, interpretaciones y, por ende, maneras de aplicación y construcción. Me refiero a un asunto en constante discordia en la parcela política a nivel externo e interno, ya que los derechos humanos trascendieron a la cotidianeidad cubana, a raíz de la impugnación del anteproyecto de la nueva Constitución y su posterior acogimiento en 2019. De igual forma, como derivación de las últimas coyunturas como la pandemia, la crisis económica o las protestas sociales, entre otras.
Los derechos humanos pueden estar normalizados de una u otra manera en una Constitución o reglas jurídicas nacionales o internacionales, pero pueden aglutinar distintas tipologías de interpretaciones conceptuales a la hora de tomar decisiones jurídicas e implorarlos políticamente.
Las múltiples deducciones en discordia suponen intereses y probabilidades convenidas según visiones políticas e ideológicas. Aquí se traza la tendencia como ese conjunto de ideas, creencias e intereses que se incrustan con el maniobrar de la política, que no es otra cosa que la representación de coordinar la vida comunitaria para su reproducción social, en tanto política.
Aunque las desavenencias afines al derecho en no pocas ocasiones se tracen como alternativas técnicas y de naturaleza jurídica, están acompañadas de comentarios de personas y grupos mediante experiencias situadas. Es decir, desde su establecimiento en realidades históricas dadas, sobre la base ideológica que se tome en el mismo, asentando la experiencia cultural tanto individual como conjuntamente.
La Constitución cubana ha presentido y desentrañado para el cuidado de los derechos humanos intereses colectivos, de cara a atracciones individuales, al objeto de solventar complejidades jurídicas, pero se han conjurado principios de respeto al orden público, como de seguridad colectiva o bienestar general concernientes a la sociedad cubana en abstracto.
“Tras conmemorarse el primer aniversario de una de las protestas más emblemáticas en Cuba, su administración ha demostrado de manera firme e intacta, que su voluntad de cooperación es irrisoria, relativa y posee límites preestablecidos, puesto que admite inicuamente algunos de los componentes de derechos humanos”
Estas tesis llevan consigo apariencia, concreción y apego a las circunstancias que subyacen. Debiendo tener un origen y sustento a la hora de emplearlos, no dejarlos en el ensimismamiento tan desacreditado que hace irreal o manipulada la construcción de los derechos humanos.
Pese a ello, identifica la concurrencia de grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niños y niñas, personas adultas o discapacitadas, argumento que comporta la dimensión colectiva de los derechos humanos, pero no sujetos colectivos.
Hay que matizar que en la Constitución de Cuba el término colectivo es utilizado y monopolizado para demandar bienestar y prosperidad, desarrollo sostenible e intereses sociales. Mismamente, se refiere en materia laboral a los grupos que han de contribuir en la administración y gestión de entidades empresariales, al quehacer remunerado como la fuente de ejecución de proyectos o las cooperativas como entes de trabajo.
A resultas de todo ello, recientemente se ha cumplido un año del estallido social el 11/VII/2021, con las protestas antigubernamentales más repiqueteadas en décadas que demostraron el hartazgo de los ciudadanos por una crisis económica enquistada.
A día de hoy, el fondo de las protestas continúa sin escapatorias estructurales con más de setecientas personas detenidas y Human Rights Watch, HRW, como organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos denuncia violaciones a sus derechos humanos.
Estas movilizaciones por el resentimiento de la población ante la insuficiencia de alimentos, la acentuación de la inflación, los cortes de luz y la dolarización de la economía, se convirtieron en el catalizador para instar a una democracia liberal, frente al sistema socialista que domina en la Isla.
En esas reprobaciones contra la grave crisis económica que franquea el país y de la que todavía no hay la más mínima evidencia de alivio, se desencadenaron arrestos masivos, tanto de disidentes históricos contra el Gobierno y críticos, como de ciudadanos.
Un año más tarde, el balance no es ni mucho menos alentador: las ‘ONG Cubalex’ y ‘Justicia 11J’ han acreditado miles de detenciones y otras ONG han informado de anomalías en los juicios, tildando las altas condenas en la cárcel, la elaboración de tentativas e inobservancias del debido proceso, algo que el Poder Judicial cubano rechaza con rotundidad.
En este contexto indeterminado, la Unión Europea ha solicitado la liberación expresa de los detenidos a los que se les ha infringido sus derechos. De ahí, que el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (1947-75 años) haya emitido un comunicado que “durante los pasados 12 meses, la UE ha reiterado su llamamiento al Gobierno cubano para que respete los derechos humanos y las libertades de los cubanos (…) y libere a todos los presos políticos y detenidos, solo por ejercer su libertad de reunión y expresión y continuará haciéndolo”.
Según refiere la Agencia EFE, la Fiscalía General de la República reportó en el mes de enero “que setecientas noventa personas habían sido procesadas por estos hechos, de las que cincuenta y cinco tenían en esa fecha entre 16 y 17 años”.
Unos fallos calificados por la UE como desmedidos, porque estos veredictos “plantean importantes preocupaciones en relación con los principios básicos y los estándares de transparencia”. Haciendo un llamamiento al Gobierno para que dé luz verde a la comunidad diplomática acudir a los procesos judiciales. Asimismo, Borrell postuló al Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (1960-62 años) que materialice una interlocución “significativa e inclusiva con los cubanos sobre sus quejas legítimas”.
En otro orden de cosas, HRW y ONG locales han trasladado un rebrote de represión contra activistas, disidentes y periodistas independientes desde el 11J. Recriminan capturas arbitrarias, intimidaciones, interrogatorios y cortes de la conexión a Internet. El Informe integrado por treinta y siete páginas y denominado “Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba”, demuestra las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la trama de las protestas, como el retraimiento a la que están sometidos o los procesos penales inmoderados.
La ONG ha indagado desde el instante en el que se cometieron los arrestos, más de ciento cincuenta y cinco incidentes y el Informe indica literalmente: “Jueces y fiscales que en Cuba carecen de independencia respeto al Gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en los mismos (…) en la mayoría de los casos documentados mantuvieron a los detenidos incomunicados durante días, semanas o incluso meses, sin poder realizar llamadas telefónicas o recibir visitas de sus familiares o abogados”.
Del mismo modo, revela que “la mayoría de las personas detenidas manifestaron que las mantuvieron en celdas atestadas e insalubres, con acceso limitado o nulo a alimentos, medicamentos, agua limpia o protección para evitar el contagio de la pandemia”. Y agrega que “brigadas de respuesta rápida estuvieron implicadas en varias golpizas, comprobando que los funcionarios detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica y arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante semanas”.
Igualmente, las víctimas y sus allegados declararon que los agentes de las Fuerzas de Seguridad los amedrentaron reiteradamente y en algunos momentos presionándolos a dejar el país.
En el otro cariz de este panorama no se confirman antecedentes que apunten a violaciones masivas, sino movimientos gubernamentales que atañen a la vida diaria de los ciudadanos que asumen una introspección distinta a la del Gobierno y despliegan su libertad de pensamiento y expresión como periodistas, opositores políticos o activistas. Se puede reconocer entonces, que estaríamos refiriéndonos a violaciones a los derechos humanos de baja intensidad.
Algunos autores contemplan que los derechos humanos de estas características son el reverso de una misma moneda, o la democracia de baja intensidad. Identificándose por corresponder a reglas de juego procesales que admiten cierta obstrucción política, pero su capacidad es más específica en comparación a las libertades individuales o la división de poderes. Amén, que la incoherencia de este tipo de democracia es que un régimen civil conservador puede perpetuarse con políticas sociales y económicas implacables, e incluso despiadadas, con más impunidad y menos resistencia popular que un régimen claramente absorbente.
Partiendo de una divergencia cardinal, ya que en Cuba no existen los valores democráticos, ni de alta como de baja intensidad, es preciso reasentar su conceptuación para profundizar brevemente en otro de los aspectos del entorno cubano: ¿Es factible tantear que se contravienen los derechos humanos en un grado inapreciable porque lleva a término un uso restringido de la fuerza? Algunos analistas han señalado que tanto los discursos como las prácticas disciplinarias se manejan sobre los trazados de lo social, por medio de métodos institucionales únicos. En cierta manera, los ciudadanos asimilan esta disciplina, incluso ante el menester de que no se destinen directamente sobre su persona, pero que se distingue como una política viable.
O lo que es lo mismo, el sujeto vive con recelo, pues se reinstala el entendimiento que el Estado, o un representante del mismo, esconde la pericia de castigar y hay pleno convencimiento de ser escarmentado.
De manera, que cualquier persona puede ser catalogada como un peligro social, ya que una mínima muestra opuesta es interpretada como agravio al régimen, o un desacato de las normas representa una agresión a la figura del Presidente. Las metodologías de contención son leves pero efectivas, son la entonación de las relaciones de poder a las que están doblegados los habitantes.
En definitiva, la eterna finalidad es reprender y hacer manso al oprimido.
Entreviendo que sean excesos masivos de derechos humanos, tanto organismos como organizaciones de la sociedad reaccionan enérgicamente y rebaten a esas administraciones. Estos serían los atropellos cometidos en las dictaduras militares en América Latina, o las barbaries consumadas en la Guerra de los Balcanes o el Genocidio en Ruanda.
En Cuba no se prueban certezas de desapariciones o genocidios, pero la escasez de alimentos, la precariedad de las viviendas, el raquitismo de los salarios y una persistente asechanza y encarcelamiento de quiénes piensan distinto y osan expresar sus opiniones, no dejan de estar en el punto de mira.
Amnistía Internacional detalló al pie de la letra que “un gran número de activistas, tanto políticos como en favor de los derechos humanos, continúan siendo objeto de hostigamiento, intimidación y detención arbitraria”. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó que “las restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, además de las vulneraciones masivas a los derechos a la libertad, la seguridad e integridad de la persona, la protección contra la detención arbitraria, etc., continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos”.
Particularmente, “en perjuicio de personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y políticos y periodistas independientes, así como afrodescendientes, mujeres, personas LGTBI, entre otros grupos históricamente vulnerables”.
Curiosamente, aquellas naciones regidas por fuerzas de izquierda jamás han enjuiciado las actividades del Gobierno de Cuba. Se nota un respeto histórico por aquella revolución que supo encarar al imperialismo estadounidense en plena Guerra Fría, y por un pueblo que, a pesar de todo, ha resistido varias décadas a un bloqueo comercial, económico y político.
Podría decirse que la dirección cubana ha sugestionado a sus conciudadanos y a una izquierda en el exterior de los éxitos de la revolución, como si ello fuera un dogma de fe, victimizándose ante el chantaje virtual de la penetración americana. En esta posición, los partidos de izquierda miran para otro lado cuando la gestión de los Castro o de Díaz-Canel arrollan los derechos humanos. Más aún, cuando el margen de esa colisión puede interpretarse de baja intensidad.
Recuérdese que cuando en 2019 entró en vigor la nueva Constitución, pretendía apuntalar y dar continuidad a un sistema socialista, democrático, favorable y sostenible, pero la fórmula socialista que refrenda la Carta Magna es irrevocable. Los ciudadanos tienen la potestad de luchar por todos los medios, englobando el combate armado, cuando no fuera viable otro recurso, contra cualquiera que quiera demoler el orden político, social y económico establecido.
Sin embargo, las asiduas y progresivas detenciones revelan la influencia y la insensibilidad del Gobierno, que no enmienda sus actos por los desenlaces que tendría el conocimiento sobre violaciones de derechos humanos, ni se inquieta por revestir su propia tropelía, porque ha constituido un artificio represivo que permanece ileso para preconizar su naturaleza comunista.
El engreimiento de que los estados son garantes de preservar los derechos humanos de su población, se justifica en la hipótesis clásica sobre la soberanía. Toda vez, que confluye una rémora, ya que el Estado es el que ampara los derechos humanos, pero, a su vez, puede convertirse en el transgresor más sanguinario de esos derechos.
Y, es que, el soberano a quien la sociedad cede el poder para garantizar la conservación, es responsable por las acciones realizadas por sus representantes. Esta visual se asienta en la verificación que, en muchas ocasiones, no es el Estado el que llanamente facilita las arbitrariedades en los derechos ciudadanos, sino suele ocurrir que los ejecuta por medio de funcionarios, o agentes perfectamente encubiertos como los grupos paramilitares.
Llegados a este punto de la disertación, en Cuba no hay un lugar o rincón para maquinaciones individuales, el empinamiento entre las máximas autoridades y sus subordinados es rigurosa. Ningún empleado se espolearía a interpretar por sí mismo, o contradecir, las prescripciones derivadas de los mandos superiores. Con lo cual, es el Estado por sus agentes, el que quebranta tajantemente los derechos humanos.
En consecuencia, tras conmemorarse el primer aniversario de una de las protestas más emblemáticas en Cuba, su administración ha demostrado con creces de manera firme e intacta, que su voluntad de cooperación es irrisoria, relativa y posee límites preestablecidos, puesto que admite inicuamente algunos de los componentes de derechos humanos.
La laguna de un compromiso se descifra en la sombra de adhesión o ratificación de tratados, o la contravención de encomiendas plasmadas por los distintos actores del sistema, la ausencia de presentación de los informes que le incumben, más la oposición a prolongar una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Hoy, los diques de contención que aplacaban las muchas protestas sociales, o tal vez, habilitaban una vertiginosa sujeción de las muestras de resignación, han comenzado a desintegrarse y caer por su propio peso.
