El Sindicato Independiente de Melilla (SIM) ha solicitado a la Dirección General de la Consejería de Presidencia y Seguridad Ciudadana y al Inspector Jefe de la Policía Local que pongan en marcha una campaña de concienciación en el interior de los parques municipales con el fin de abordar el correcto uso de patines, bicicletas y perros sueltos en estos recintos.
El SIM asegura que los vigilantes tratan de disuadir a los usuarios de bicicletas y patines, pero, unos metros después de bajarse, vuelven a montar en sus vehículos sin que los vigilantes puedan hacer mucho más. En otros casos, resulta casi imposible alertar al usuario, porque los vigilantes no cuentan con medios para desplazarse en el interior de los parques y no pueden siquiera alcanzar a aquellos que circulan usando esos vehículos.
Tanto en el caso de la circulación con bicicletas o patinetes como en el de los perros sueltos, este sindicato considera que el principal problema radica en quelos vigilantes no tienen la potestad de sancionar dichas conductas, por lo que la negativa a llevar el perro amarrado o a bajarse de esos vehículos conllevaría solicitar la presencia policial en el recinto,a pesar de los pocos efectivos que hay en la ciudad, y donde en muchas ocasiones, una vez llegados los agentes, los usuarios infractores podrían haberse marchado sin que el vigilante pudiera hacer nada por retenerlos.
Para el SIM, la retención de una persona hasta la llegada de agentes de la autoridad a fin de ser sancionados por incumplir la norma de amarrar al perroo circular a pie le parece excesiva, por ser una acción desproporcionada ante la falta cometida. Por todo ello, el sindicato considera que, si se hiciera una campaña de concienciación en el interior de los parques, con sanciones hacia los dueños de los perros sueltos o de usuarios de bicicletas y patines, en pocas fechas estos problemas se atajarían.
Se trata de que la ciudadanía se conciencie de cuáles son las normas a través de la presencia policial, de modo que cuando el vigilante de seguridad inste a su cumplimiento se entienda que es obligatorio. En estos momentos los vigilantes se sienten desbordados ante esta situación y lamentan que la Coordinación de Seguridad Privada de la Ciudad Autónoma, encargada de la fiscalización del contrato, ponga el foco en los vigilantes de seguridad en lugar de ponerlo en la empresa concesionaria ante los muchos incumplimientos del contrato ya denunciados.
La reivindicación del SIM viene provocada porque Sureste Seguridad ha recibido una queja por parte de la Ciudad en la que se “denuncia” que los vigilantes de seguridad están localizables solo en las casetas, y que estas no son puestos de control, a lo que el SIM responde que, además de ser indignas y permitidas por este organismo –porque no las arreglan–, y de haber sido sancionadas por Inspección de Trabajo, son lugares de descanso que incluye la Ley para servicios de ocho horas al aire libre.
Cabe recordar que, a diferencia de otros trabajos, los vigilantes de seguridad no pueden abandonar el recinto que custodian durante las horas de trabajo, ni ir a cafeterías ni supermercados en horario laboral, por lo que tienen que refugiarse en estos recintos para cubrir necesidades de descanso, desayuno, almuerzo o cena o golpes de calor. Sobre todo cuando el recinto está tranquilo y controlado.
Además, este sindicato reta al Gobierno local a a que les enseñen denuncias o quejas de usuarios por escrito desde 2017 hasta la fecha, dejando entrever que las quejas son, casi exclusivas, de la Coordinación de Seguridad Privada de la Ciudad Autónoma, que lleva mucho tiempo persiguiendo la labor de los vigilantes de los parques municipales.
Asimismo, el SIM quiere recordar a la Coordinación de Seguridad Privada –entidad que remite el escrito de queja sobre los vigilantes– que, desde diciembre de 2017, se vienen incumpliendo muchas cláusulas del contrato de seguridad privada, como la disposición de vehículos no contaminantes homologados, el cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, o el abono de la bonificación a la Seguridad Social a los trabajadores, y hasta la fecha se han permitido dichos incumplimientos sin que se inste a la empresa a “que se tomen las diligencias que crean oportunas dentro de la legalidad vigente".
