Melilla ha comenzado los trámites para abrir una sede en la Representación Permanente de España en la Unión Europea (UE), lugar conocido como Reper y donde se encuentran otras seis autonomías españolas, que son Madrid, Aragón, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
El presidente de la Ciudad Autónoma habló ayer de todas las bondades que ello puede suponer para Melilla, ya que se prevé que se podrán transmitir “de primera mano” y sin intermediarios todos los problemas que tiene la ciudad, entre los que De Castro citó la inmigración irregular, el narcotráfico, la seguridad y el terrorismo, así como las comunicaciones y el transporte.
Además, desde allí se debería de poder decidir con mayor precisión sobre las idoneidad de proseguir con más integración (como piden algunas voces) en la UE, bien sea mediante la participación en el Comité de las Regiones, la entrada en la Unión Aduanera, la adquisición de la condición de región ultraperiférica o, incluso, la asimilación de Schengen.
Se trata de un asunto que está últimamente en los medios, y más desde la presentación, por parte del eurodiputado Jordi Cañas en el Parlamento Europeo, del informe ‘Más Melilla. Más Ceuta. Más Europa’, que ha dado una nueva visibilidad a la ciudad autónoma. De hecho, De Castro afirmó que, durante los últimos tiempos, ha mantenido diversas reuniones y/o conversaciones con algunos dirigentes europeos.
Ayer, de hecho, presentó un vídeo del miembro del Comité de las Regiones François Decoster en el que éste le comunica su intención de tratar estos puntos con la Presidencia de este turno de la UE –la checa- y que Melilla deje de ser, como parece que está sucediendo en los últimos tiempos, “invisible” a Europa.
Puede ser, efectivamente, una buena oportunidad para darse a conocer más y mejor. Sin embargo, no todo está hecho. La persona delegada allí deberá ser alguien de reconocido prestigio, un abogado o un economista, preferentemente, que conozca perfectamente los vericuetos de la Administración Europea y las implicaciones que tendría cualquiera de estas decisiones para explicarlas correctamente a los ciudadanos melillenses. Hablamos de un buen perfil profesional antes que político. Además, hay que contar con el coste de abrir la oficina, aun cuando no sea propia –en cuyo caso el importe ascendería a unos 80.000 euros por trimestre-.
En cualquier caso, parece claro que la iniciativa puede hacer más “visible” a Melilla dentro de Europa, que parece ser, verdaderamente, lo que la Ciudad Autónoma está buscando.
