Con fecha 15 de junio de 2022 la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso de apelación presentado por Guelaya con relación a los daños de los vertidos de escorias en suelos, aguas subterráneas y aguas de playas y la continuación de las diligencias previas a fin de que por el juez de Instrucción se practiquen las diligencias de investigación necesarias para la determinación de los hechos.
La primera denuncia de Guelaya se produjo en agosto de 2018 contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente de almacenamiento temporal de escorias en el vertedero de inertes. Las denuncias de Guelaya pusieron en marcha una investigación de la Fiscalía y el Seprona que culminaron con la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Melilla.
No obstante, el Juzgado nº 2 dictó el 4 de marzo de 2021 un auto en el que decretó el sobreseimiento provisional de la causa. El auto de 15 de junio reabre la causa en lo que afecta a los daños que se han podido producir sobre el medio ambiente que deberán ser investigados.
Guelaya-Ecologistas en Acción ha recordado a través de un comunicado que se trata del vertido de escorias de la incineradora, que poseen numerosos contaminantes, sobre todo metales pesados, que las caracterizan como residuos no peligrosos, y por tanto, no pueden ser vertidos en un vertedero de inertes, donde no existe ninguna medida para evitar la difusión de los contaminantes en el medio.
Los residuos se clasifican por la legislación ambiental en tres categorías: inertes, no peligrosos y peligrosos, según las cantidades y peligrosidad de los contaminantes. Las escorias se clasifican en una categoría intermedia porque presentan más contaminantes que los inertes y menos que los peligrosos, pero ello no quita el riesgo de contaminación demostrado por los análisis ya practicados, que sobrepasan los umbrales en cloruros, cobre, molibdeno y en el caso de las escorias de la explanada de maduración en cromo y zinc.
La situación que provoca la denuncia de Guelaya es la colmatación del vaso de residuos no peligrosos que comienza a funcionar en 2015 y llega a su culmen en 2018. Ante este hecho, cabían varias soluciones, como enviar a la península las escorias del vaso de residuos no peligrosos y reutilizarlo, o bien su clausura y sellado y la creación de un nuevo vertedero no peligrosos. Sin embargo, la decisión de la Consejería en 2018 fue verter las escorias como si fueran residuos inertes, que no poseen contaminantes.
Según prosigue la organización ecologista, la Audiencia Provincial ordena ahora la práctica de las diligencias de investigación, entre ellas la toma de muestras pendientes, tanto de los lodos de incineradora, como en playas y en las escorias maduradas y no maduradas.
"La solución al problema que Guelaya ha solicitado reiteradas veces es el envío de las escorias a la península, la última vez en las alegaciones presentadas y rechazadas a los presupuestos de la Ciudad Autónoma del año en curso 2022. Desgraciadamente, la Consejería de Medio Ambiente no nos ha dejado otro camino que acudir a la Justicia", concluye la nota.
