El Sindicato Independiente de Melilla (SIM) ha denunciado este viernes que la Ciudad Autónoma (CAM) ha vuelto a licitar varios contratos de seguridad en cuyos pliegos de condiciones técnicas no se contempla que las empresas que se hagan con los servicios, si se acogen a la bonificación a la Seguridad Social, tienen la obligación de abonar el 8% del salario base al trabajador.
En este sentido, Francis Aguilera, responsable de Seguridad Privada del SIM, ha recordado que la cláusula 6.2 del pliego de descripciones técnicas de contrato mayor de Seguridad Privada de las dependencias municipales establece claramente que si la empresa adjudicataria se acoge a la bonificación a la Seguridad Social -que significa "pagar la mitad de lo que debería por este concepto por cada trabajador"-, "debe también acogerse al acuerdo al que llegaron en 2014 tanto la Confederación de Empresarios de Melilla como Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores de repercutir en la nómina del trabajador el 8%".
Por ende, el SIM no entiende que, si se ha exigido en los dos últimos pliegos de contrato de vigilancia y seguridad de dependencias municipales, no se haga lo mismo con el contrato de la vigilancia del fuerte Victoria Chica, ni con el de las dependencias del Centro de Formación de Proyecto Melilla (Promesa), cuyas licitaciones salieron en mayo y están "en pleno proceso de presentación de ofertas".
Según ha detallado Aguilera, hay nuevos contratos, como el de Promesa, con un monto de 337.000 euros, o el del fuerte Victoria Chica, con 685.000 euros por dos años, pero con "la sorpresa" de que en sus pliegos no viene el referido complemento de bonificación.
Por tanto, para el dirigente, "se puede dar la paradoja de que el vigilante del fuerte Victora Grande realice allí su servicio con la obligación de la empresa de hacer la bonificación, y que a un vigilante del fuerte que está al lado, que hace exactamente lo mismo, la empresa que lo contrata no tenga la obligación de abonarle nada".
Para el SIM, queda claro que, el hecho de que hoy se pase por alto la cláusula social acordada y "se sigan emitiendo contratos de seguridad sin contemplar" esta bonificación, demuestra que antes se exigió con "fines únicamente electoralistas".
"No tiene sentido llenarse la boca de decir que han mejorado los pliegos para la mejora de los trabajadores y que después, no se obligue a la empresa a cumplirlo o no se contemple en los siguientes contratos", ha remarcado Aguilera antes de concluir que "se trata de un error y deberían subsanarlo".
Por otro lado, también está el caso del contrato de vigilancia de dependencias municipales que se realizó en noviembre y duró seis meses, donde sí venía contemplada dicha cláusula social, pero Sureste Seguridad, la empresa adjudicataria, "finalizó dicho contrato en abril sin cumplirlo y sin que nada ocurriera".
