La Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Melilla sigue sin establecer un calendario para las elecciones que deben volver a celebrarse después de que, hace dos semanas, aproximadamente, después de que se impugnara la asamblea general porque el secretario no levantó acta.
Por el momento, lo que se sabe es que Pepe López Saavedra, quien había sido elegido el presidente, no presentará su candidatura de nuevo. El otro candidato, Mohamed Lamrani, ha confirmado a El Faro que está sopesando la posibilidad de crear una asociación alternativa ante su descontento por el funcionamiento de esta.
Lamrani lamenta, en concreto, que, según dice, los estatutos de la asociación no son válidos, por lo que lo que procedería, en su opinión, es formar una gestora que coordine la elección del nuevo presidente.
Sin embargo, según ha dicho, no merece la pena meterse en reformar los estatutos, porque ello supondía un gran “follón”. No obstante, su decisión de crear una nueva asociación aún no está tomada, sino que es una idea que le “ronda la cabeza”, ha apuntado.
Lamrani ha asegurado que hay “mucha gente” que lo apoya, porque están ya “hartos de lo que está pasando”. La prueba, que en las pasadas elecciones sólo dieron su voto a López Saavedra 15 personas. “Y los restantes 45 de la asociación, ¿dónde están”?, se ha preguntado el taxista.
Este ex candidato presentó sendos escritos a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma para denunciar que los estatutos, “además de ampararse en una ley inexistente (49/1977, de 1 de abril) y en un Real Decreto derogado (873/1977, de 22 de abril) estaban obsoletos y tampoco recogen el procedimiento de elección de presidente”. Según aduce, la asociación carece de un reglamento de funcionamiento interno.
Por lo que respecta a las elecciones, además, en el escrito presentado en la Delegación, Lamrani explica que “fueron convocadas en un trozo de papel pegado en una parada de taxis sin la firma ni el sello de la entidad”.
Hay, también, un documento de la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales fechado el 13 de septiembre de 1995 en el que el secretario certifica que, “de los antecedentes obrantes (...), no resulta acreditado el haberse instado declaración ante la autoridad judicial competente de no ser conformes a derecho los estatutos presentados”.
Por todo esto, Lamrani ha concluido que “el proceso real estaba viciado desde el principio y era nulo tanto en la convocatoria como en la asamblea ficticia que montaron”.
Según Lamrani, “esta es la manera que tienen algunos de la asociación del taxi de actuar fuera del reglamento vigente y de la ley de asociaciones de 2002, que es de obligado cumplimiento”.
Así, parece que “para el membrete de la convocatoria del 26 de mayo se acabó la tinta y la firma el hombre invisible”, ha indicado Lamrani, quien cree que “no saben lo que es una gestora, ni una organización, y no entienden nada”. A su entender, “parece mentira que esta gente haya pasado por un colegio y un instituto y algunos de ellos lleven más de 30 años trabajando en el sector del taxi”.
El Faro ha intentado ponerse en contacto varias veces con el presidente provisional de la asociación para conocer los planes que tiene respecto a la convocatoria electoral y para conocer su opinión sobre las denuncias interpuestas por Lamrani. Sin embargo, éste no ha respondido vía telefónica ni tampoco a través de Whatsapp.
Cabe recordar también esta asociación se formó para fusionar las que había anteriormente, pero, al tratarse de iniciativas de carácter privado, no hay un límite de asociaciones que se pueden registrar en cada localidad. Por ello, Lamrani está barajando la opción de crear una que, a su gusto, funcione mejor que la actual.
La Delegación asegura que no puede intervenir
La Delegación del Gobierno en Melilla iha informado de que no puede hacer nada al respecto del conflicto que se vive en el sector. En primer lugar, porque no le consta haber recibido una comunicación oficial por el canal correspondiente. Aunque no niegan que dicho escrito se haya podido enviar, según parece, no se ha realizado por la plataforma correspondiente. Además, al tratarse de una iniciativa privada, la Delegación del Gobierno no tiene competencias para interceder en este asunto, por lo que tendrían que remitir dicho escrito a otra institución.
