La Oficina de Extranjería de Melilla solo ha recibido 17 solicitudes de prórroga de permisos de trabajo para transfronterizos en la primera semana desde que se produjo la segunda fase de la reapertura fronteriza, dirigida, específicamente, a este colectivo de trabajadores del país vecino.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado a Efe de que, entre las solicitudes recibidas en los primeros siete días desde que empezó esta nueva fase, no hay ninguna inicial por tratarse de una nueva relación laboral entre el empleador y el trabajador transfronterizo.
Por lo tanto, todas las solicitudes recibidas en la primera semana de la segunda fase de la reapertura fronteriza en la Oficina de Extranjería de Melilla han sido presentadas por empleadores que buscan reanudar una relación laboral que ya existía antes del cierre de la frontera.
Estas peticiones, junto con las apenas 80 que seguían en vigor cuando se reabrió la frontera para estos trabajadores procedentes de Marruecos, apenas abarcan a un centenar de transfronterizos de los 1.847 que había legalmente establecidos en Melilla antes del cierre fronterizo.
Las solicitudes recibidas, que cuentan ya con toda la documentación, se encuentran en trámite. El siguiente paso será la solicitud del visado para que el transfronterizo pueda pasar a Melilla.
Mil euros
Por su parte, el Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno incluyó un requerimiento novedoso que cambiará drásticamente las condiciones de trabajo de los transfronterizos: ninguno podrá acceder a esa condición si su contrato no contempla una remuneración mínima de 1.000 euros brutos mensuales, la cantidad a la que elevó en febrero el Ejecutivo central el Salario Mínimo Interprofesional.
Cuando se cerró la frontera eran más de 1.850 transfronterizos legales en Melilla, la mayoría de ellos (1.700) eran empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social. Aparte había otras 1.500 sin asegurar. Actualmente hay 500 trabajadoras marroquíes transfronterizas cotizando en Melilla.
Ahora podrán tener contrato a tiempo parcial con un mínimo de 30 horas semanales, pero la retribución también “deberá ser igual o superior al salario mínimo interprofesional para jornada completa y en cómputo anual”, según la documentación oficial. La única ventaja para el empleador sería ahorrarse parte de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Según las fuentes consultadas por este periódico, con esta medida se pretende incentivar la contratación de desempleados locales en un sector en el que no se exige cualificación y que, con unas retribuciones más elevadas que las que habitualmente se abonaban a las trabajadoras domésticas del país vecino, podrían atraer a personas paradas de la ciudad.
Para contratar a un transfronterizo debe aportarse un certificado de insuficiencia de demandantes de empleo expedido por el SEPE.
