Caridad Navarro advierte que el retraso en la edad de jubilación es un punto clave que decidirá si los sindicatos optan por la negociación o por el conflicto.
La amenaza de una segunda huelga general antes de que finalice la presente legislatura no parece tan lejana como se pensaba, en vista de lo manifestado en la jornada de ayer por los principales líderes sindicales de la ciudad; Alonso Díaz por parte de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Caridad Navarro por la de Comisiones Obreras (CCOO).
Y es que la secretaria general de CCOO se mostró muy crítica con la intención del Ejecutivo central de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, llegando a señalar que este asunto es el primer punto de desencuentro entre sindicatos y Gobierno, el cual podría conducir a un nuevo paro general.
“Es el principal motivo que puede desequilibrar la balanza entre la negociación y el conflicto”, aseguró la dirigente sindical, quien advirtió a la Administración que preside José Luis Rodríguez Zapatero que “no pueden seguir concediendo tributos al poder fiscal”, ya que, si primero se aprobó una reforma laboral, ahora le ha tocado el turno a las pensiones y a la edad de jubilación.
“No nos valen las ambigüedades”, subrayó, “hay mensajes y decisiones de los que deben retractarse públicamente cuanto antes”, insistió en referencia a la edad de jubilación, pues destacó que por cada año que se retrase, una generación de jóvenes verá sus expectativas laborales “completamente destrozadas”.
No obstante, y de manera paralela a dichas manifestaciones, lamentó otras medidas adoptadas por el Ejecutivo de Zapatero y que, a su parecer, ponen en serio peligro el sistema de derechos sociales conseguido hasta ahora. Es el caso de la desaparición del subsidio complementario al desempleo, y que constaba de 426 euros mensuales.
Por todas estas razones, instó a los ciudadanos a movilizarse contra el Gobierno. “Sigo defendiendo que la unión hace la fuerza”, señaló la líder de CCOO, “si la gente no decide salir a la calle para decir basta, no cesarán los tributos al sistema financiero. Si actuamos de manera individual, no conseguiremos nada”.
Por su parte, el secretario general de los ugetistas lamentó el viraje que ha dado la política de Zapatero en beneficio del interés de los mercados, “empequeñeciendo” el sector público.
Como ejemplo a sus acusaciones, resaltó que las últimas decisiones del Gobierno no han resultado efectivas. “En 2007, la presión fiscal era un 3,8 por ciento menor que la media europea”, detalló. “A día de hoy, ha caído a casi un diez por ciento, y si comparamos a España con países como Suecia, la cifra se hunde hasta el 20 por ciento. Las decisiones de Zapatero han desarbolado los derechos sociales de los españoles, y las consecuencias las estamos viendo en el déficit público que soporta el país”.
Economía sumergida
Al hilo de sus palabras, llamó a la Administración del Estado a centrar su esfuerzos en lucha contra las economías sumergidas, una de las grandes lacras de la economía española. En el caso concreto de Melilla, aseguró que el problema es más grave que a nivel nacional, pues señaló que este tipo de actividades se disparan en la ciudad hasta los 30 puntos porcentuales.
Para finalizar, advirtió al Estado que si no rectifica, sus decisiones podrían conllevar un aumento de la conflictividad social. “Saben que no lo están haciendo bien, que sus medidas son completamente rechazadas por los españoles. Desde la UGT, lo único que nos queda es seguir protestando para que la situación se revierta”, concluyó.
