Entre los cambios, los maltratadores pierden la guardia y custodia de los hijos.
“El Gobierno Socialista sigue avanzando en la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia de género y profundizar en la defensa y protección de las víctimas”, destacó ayer la secretaria de Igualdad del PSOE, Celia Sarompas, a propósito del paquete de reformas legislativas recién aprobadas por el equipo de Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero “que van a permitir luchar de manera más eficaz contra esta lacra social”.
La socialista explicó que las reformas aprobadas “van en la dirección de reforzar la defensa de los derechos de las víctimas y de los menores hijos de las víctimas de la violencia de género y que, por tanto, sufren sus consecuencias”. Así, una de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros supone que el Código Civil prohibirá de manera expresa la guarda y custodia al maltratador que esté incurso en un proceso penal por un delito de violencia de género. “Es prioritario avanzar en la protección de los menores que se encuentran expuestos a la violencia de género y sufren sus consecuencias de manera directa o indirecta”, argumentó.
La reforma, que regulará la actuación de los jueces de lo civil en los procesos de separación, nulidad y divorcio, busca reforzar la protección de los menores. “Nadie puede negar que un menor sufre las consecuencias de la violencia de género. La única manera de proteger al menor es que no viva en ese contexto de violencia”, dejó claro Sarompas.
Así, además de avanzar en la protección de los menores, se evita que mujeres maltratadas sean presionadas con el tema de la custodia de los menores. “Se busca que ninguna mujer tema iniciar un proceso de divorcio ante la amenaza de perder la custodia de sus hijos”, expuso.
Sarompas también se refirió a la nueva medida aprobada por el Gobierno de España por la cual las ayudas económicas de la Ley Integral Contra La Violencia de Género no computarán para reconocer el derecho a las pensiones no contributivas.
Una medida, comentó Sarompas, que pretende que la percepción de una ayuda económica para la mujer víctima de la violencia de género no menoscabe su derecho a percibir una pensión no contributiva porque su renta exceda de esos 4.755,80 euros anuales como consecuencia de esa ayuda.
“Si una mujer cumple todos los requisitos para cobrar una pensión no contributiva y como consecuencia de percibir una ayuda por ser víctima de la violencia se excede del mínimo de ingresos requeridos, esta ayuda no computará a efectos del derecho al cobro de la pensión no contributiva, ni a efectos de calcular la cuantía de la misma”, dejo claro la representante de la Ejecutiva del PSOE. Otros de los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros fue la elaboración de un protocolo para la atención de las mujeres españolas víctimas de violencia de género residentes en el extranjero, la ejecución de protocolos de atención sanitaria para mujeres en situación de especial vulnerabilidad y la reforma para impedir que los hombres condenados hereden el patrimonio de la víctima.
