Uno de los 286 casos llevados ante un juez para la protección del medioambiente a lo largo del 2021 por las distintas federaciones y los grupos locales de Ecologistas en Acción en España corresponde a Melilla.
Con ese total, los ecologistas superan la cifra de asuntos medioambientales tramitados en los tribunales de 2020, que fue de 244 casos.
De todos estos asuntos "vivos" en tribunales al cierre del pasado año, 199 pertenecen a la jurisdicción contenciosa administrativa, 85 a la penal y 2 a la civil.
En cuanto a su distribución por territorio, además del de Melilla, sobresalen 84 de Andalucía, 61 de Castilla y León, 23 de Madrid e igual cantidad de Murcia, 19 de Cataluña, 16 de Cantabria, 15 de Castilla-La Mancha, 14 de Extremadura, 9 de Aragón, 7 de Comunidad Valenciana, 5 de Galicia, 3 de Euskadi, otrso 3 de Canarias, 2 a Navarra, y 1 a Asturias.
Al mismo tiempo, los procedimientos son de temática "enormemente variada" por lo que comprenden prácticamente todos los aspectos medioambientales.
Algunos de estos casos atienden a licencias o planes urbanísticos, vías pecuarias o caminos públicos, instalaciones de residuos, autorizaciones de canteras, macrogranjas, minería, infraestructuras de transporte, gestión de espacios protegidos, delitos contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de depuradoras, incendios en vertederos y plantas de almacenamiento de residuos, y prevaricación urbanística.
En tanto, los equipos jurídicos ecologistas incrementan los recursos donde se denuncia la inactividad de la administración para proteger el medioambiente. Es el caso, por ejemplo, de la demanda por la insuficiente ambición climática del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima; en relación con la descontaminación radiactiva de Palomares (Almería); o por la falta de protección de la legalidad urbanística en Cádiz.
Por otro lado, han presentado recursos contenciosos por la pasividad en la recuperación de oficio de una vía pecuaria en Toledo; en el inventario de caminos municipales y en la ley de vías pecuarias de Cataluña; en el estado de aguas contaminadas en embalses de Galicia; o en el plan de recuperación de especies protegidas también de Cataluña.
A la vez, Ecologistas en Acción ha demandado el incumplimiento de la obligación legal de las administraciones de elaborar y de aprobar planes de calidad del aire en las zonas donde, desde 2010, se incumplen los valores establecidos con relación al ozono troposférico para la protección de la salud y la vegetación.
En el ámbito autonómico, los tribunales de justicia de Castilla y León (2018) y Navarra (2021) declararon que ambas administraciones están obligadas a dotarse de dichos planes, y actualmente están vistos para sentencia recursos similares en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.
Mientras, el Tribunal Supremo estableció en 2020 que los planes autonómicos de calidad del aire son independientes del Plan Nacional, que compete al Gobierno central.
