El Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos ha vuelto a comprometerse a desarrollar reglamentariamente este año, y van cinco sin que lo haya hecho, el régimen de ayudas al transporte marítimo con origen o destino en Ceuta o Melilla previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 para con ello “contribuir al crecimiento de la economía de las dos ciudades autónomas”. El propósito se recoge tanto en las cuentas públicas de la Administración General del Estado para 2022 como en su Plan Normativo Anual.
En 2017 se acordó establecer con vigencia “indefinida” un sistema de compensaciones destinado a abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre Ceuta y Melilla y la península, así como el efectuado entre dichas ciudades autónomas y otros territorios miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre espacio económico europeo.
El porcentaje de bonificación debe ser de hasta el 50% de los costes subvencionables en los términos y condiciones y con el procedimiento que se establezca por el Gobierno mediante Real Decreto, texto que nunca se ha elaborado. Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 reservan 74,2 millones de euros para subvencionar el transporte extrapeninsular de mercancías, 10 de ellos reservados para el del plátano canario.
¿Qué se decía de esto hace un año?
A finales de febrero de 2021, el Gobierno central contestaba a una pregunta realizada por el senador de Compromís Carles Mulet, que llevaba así a las Cortes la inquietud de la Coalición Caballas sobre este tema.
En esa línea el Ejecutivo de Sánchez decía que se mantenía el anteproyecto de Real Decreto sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en Ceuta y Melilla “en tramitación” y que se seguía “trabajando en el mismo”.
El plan ‘Por un futuro más estable y seguro’ aprobado por el Pleno en diciembre de 2020 incluía entre sus prioridades “abaratar de manera sustancial y si es posible eliminar tanto el coste del transporte marítimo de mercancías con destino a la península como los gastos relacionados con la gestión de estas expediciones para favorecer el acceso del comercio local a otros mercados y formatos”, pero la plasmación de esa aspiración en la legislación acumulaba ya casi tres años en el horno político.
Hay que recordar que el Ministerio de Fomento sacó a consulta pública a mediados de 2018 un proyecto de Real Decreto sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las ciudades autónomas para “proporcionar una compensación justa y razonable frente a la desigualdad geográfica de Ceuta y Melilla de modo similar a lo que ya existe para las Islas Canarias y las Baleares”.
