El Tribunal Constitucional (TC) estudiará seis recursos de amparo que ha admitido para revisar diversas extradiciones a Marruecos acordadas por la Audiencia Nacional (AN), con la finalidad de definir si se violan los derechos fundamentales de los ciudadanos que son entregados a aquel país norafricano.
Según informó El Mundo, el tribunal de garantías ha accedido a analizar las citadas demandas de amparo al considerar que se trata de una cuestión que reviste especial trascendencia constitucional, y donde el tribunal debe “aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna”.
La esencia del problema reside en que las peticiones de extradición vienen directamente de la Fiscalía marroquí sin que medie la intervención de un juez, lo cual choca frontalmente con la doctrina aplicada por el Constitucional, que requiere el respaldo judicial.
De ahí que en una providencia fechada el pasado 14 de diciembre, el TC reflejara que “el órgano judicial (refiriéndose a la AN) pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal”.
La Sala de lo Penal de la Audiencia ha acordado diversas extradiciones de ciudadanos perseguidos por delitos comunes como tráfico de drogas, en respuesta a órdenes internacionales de detención cursadas por el fiscal del Reino de Marruecos. Ahora, los demandantes alegan que esas órdenes deben ser anuladas al no haber existido un control judicial efectivo sobre las mismas.
En los años 2020 y 2021, el TC ya revocó dos decisiones del pleno de dicha sala que acordaban la entrega de sendos ciudadanos a Colombia y Angola. La razón esgrimida fue que tales decisiones no habían contado con el pertinente control judicial.
La información de El Mundo recuerda que el fallo del Constitucional llegará cuando las relaciones entre España y Marruecos atraviesan la peor crisis de las últimas dos décadas.
Los derechos fundamentales son para los nacionales, no para los que vienen ilegalmente a España. En todo caso tendrían que mirar si incide en derechos de la carta de derechos humanos, donde el TC no tiene ninguna potestad.