La diputada del Partido Popular (PP) Ester Donoso aseguró ante la prensa este viernes que lo que está ocurriendo con el contrato de vigilancia de seguridad de la Ciudad, paralizado nuevamente, "no tiene nombre".
Desde el origen de este contrato, recuerda Donoso, el PP lo ha denunciado en los juzgados porque "no se podía entender de ninguna manera cómo la Ciudad Autónoma, con un contrato en vigor, realizó un procedimiento negociado sin publicidad, con la misma empresa, para abonarle 60.000 euros más mensuales".
De acuerdo con la representante del PP, "lo que mal empieza, mal acaba", pero, lo peor de todo, es que "los más perjudicados son los propios trabajadores", que actualmente siguen prestando el servicio bajo la empresa Sureste Seguridad.
Según rememora la diputada, la Ciudad Autónoma sacó a licitación abierta el contrato "con todos los vaivenes" conocidos: "empresas que se presentan con documentación falsa, apertura de expedientes contra ellas, recursos contractuales por parte de las empresas perjudicadas que habían concurrido, etc.".
Cuando ya la Administración había adjudicado de nuevo a Sureste, a pesar de las irregularidades, la empresa de Protección y Seguridad Técnica SA impugna la adjudicación porque, en palabras de Donoso, no puede entenderse que "una empresa en las que las fuentes sindicales han denunciado una inspección de trabajo por incumplimiento de contrato, que está denunciada en el juzgado de lo Social por multitud de trabajadores suyos, que no cumple las cláusulas sociales del pliego de Condiciones Técnicas, sea la adjudicataria de este contrato".
Donoso insiste en que la administración local "debía haber solventado" el asunto "hace mucho tiempo", pero, en cambio, se trata de un "desgobierno" que ha llevado a la situación de "inestabilidad administrativa" actual, "como siempre, sin poner solución y sin explicarlo".
Además, el PP se pregunta qué le pasa a la empresa Sureste y por qué los trabajadores tienen que seguir sin cobrar, la Administración sin tomar las riendas del asunto o sin existir un expediente de prohibición de contratar. Sin embargo, desde la óptica de los populares, así procede el Gobierno en todos los contratos.
Un caso similiar, a tenor con lo que recalca el PP, fue el de salvamento marítimo de las playas. "Entonces advertimos hasta la saciedad que la empresa adjudicataria no tenía solvencia para poder realizar el servicio, pero no nos hicieron caso y siguieron con ella todo el verano, incluso llegando a declarar nulo el contrato", resalta Donoso, para añadir que hoy, cinco meses después de finalizado el servicio, los socorristas no han cobrado. "Inconcebible, pero cierto", concluye.
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