Los principales sindicatos de la administración de Justicia han convocado una huelga para el día 3 de diciembre en el territorio gestionado por el Ministerio, entre ellos, Melilla. También en Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y en los órganos centrales para reclamar mejoras salariales.
Alrededor de 15.000 funcionarios están llamados a un paro que, según subraya CCOO en un comunicado, provocará el cierre de órganos como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o la Fiscalía General del Estado, y de los juzgados, fiscalías y registros de las citadas comunidades.
Los sindicados, que tuvieron ayer tarde una última reunión en el Ministerio, acusan al Gobierno de incumplir el acuerdo alcanzado el 14 de septiembre en la mesa de negociación que aproxima las retribuciones del personal a las que se perciben en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
La huelga, advierten, también afectará al resto de territorios, ya que también han sido convocados a ella los letrados de la administración de Justicia, funcionarios que dependen del Ministerio que dirige Pilar Llop.
Los sindicatos, que el pasado sábado sacaron a la calle a miles de funcionarios de Justicia, sostienen que en septiembre, tras meses de negociaciones, se acordó el cobro inmediato de unas cantidades pactadas (entre 80 y 195 euros mensuales) con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021.
Pero el 5 de noviembre el secretario de Estado de Justicia les comunicó que no podían cumplir el acuerdo porque Hacienda rechazaba dotar los fondos necesarios para ello, según los sindicatos, que denuncian que se ponga ahora en cuestión la retroactividad del aumento y que se quiera diferirlo en subidas porcentuales durante los próximos tres años.
CCOO, CSIF, STAJ y UGT han reclamado la mediación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que se cumpla con el compromiso adquirido en el marco de la negociación colectiva.
La huelga del día 3, advierte CCOO, "no será la última si el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno en su conjunto no rectifican en este ataque frontal a los derechos del colectivo de empleados y empleadas públicas de la Administración de Justicia".
