El Gobierno transferirá este viernes a las comunidades autónomas los últimos 4.046 millones de euros del fondo extraordinario de 13.486 millones establecido para amortiguar los efectos de la crisis de la covid-19 en las finanzas regionales, que se realiza de acuerdo a un criterio de población ajustada. A Melilla se les ingresa un total de 10 millones de euros, tres de ellos hoy, después de haber recibido siete millones en la primera entrega.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la cantidad transferida este viernes se suma a los 9.440 millones de euros -el 70 % del total- que ya se repartieron el pasado mes de septiembre.
La trasferencia de esos 13.486 millones de euros de este fondo se encuentra al margen del sistema de financiación, ya se había comunicado a los gobiernos regionales en otoño de 2020 y estaba contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
De la cantidad total, Andalucía recibe 2.357,50 millones de euros, Cataluña 2.160,99; Madrid 1.863,76; la Comunidad Valenciana 1.400,02; Galicia 828,38; Castilla y León 741,26; País Vasco 644,50; Canarias 629,03; Castilla-La Mancha 605,39; Murcia 421,92; Aragón 402,53; Baleares 329,75; Extremadura 317,81; Asturias 308,34; Navarra 192,94; Cantabria 168,30; La Rioja 93,52; y Ceuta y Melilla 10 millones de euros cada ciudad autónoma.
Hacienda ha recordado que el criterio de población ajustada utilizado para el reparto de este fondo "es la fórmula elegida por la mayor parte de gobiernos regionales" después de que el Ministerio, "siguiendo el principio de cogobernanza y el mayor consenso", abrió un proceso de diálogo con las comunidades para conocer qué criterio de reparto preferían aplicar.
Con más detalle, señala que el criterio que se sigue para las comunidades de régimen común es la población ajustada definitiva de 2020, calculada de acuerdo con las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación.
La asignación a País Vasco y Navarra responde a la población ajustada de 2020 que resultaría de aplicar a todas las comunidades autónomas, incluidas las forales, las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009.