Seis personas fueron detenidas por presuntamente estar implicadas en un matrimonio de conveniencia. A los arrestados se les imputa un presunto delito de falsedad documental y en el caso de la gestora, además por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y coacciones.
La Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, llevaron a cabo una investigación tras la denuncia de un ciudadano que se había percatado de que en su vivienda figuraba empadronada una persona a la que no conocía, y con quien no convivía.
Realizadas las pesquisas oportunas, se detectó la existencia de un contrato de arrendamiento falsificado sobre la vivienda en cuestión, constando como arrendatario un ciudadano marroquí, titular de una autorización de residencia comunitaria, siendo dicho contrato presentado ante la Oficina del Padrón Municipal por una conocida gestora con despacho en Melilla, indica una nota de prensa.
A partir de esto, se pudo determinar que el falso inquilino había formalizado una unión de hecho fraudulenta en Melilla con una ciudadana española, consiguiéndose demostrar que la pareja no se conocía previamente al acto, ni existió convivencia posterior, lo que pone de manifiesto que la verdadera intención del hombre era la de obtener la documentación necesaria para residir legalmente en España.
Fruto de la investigación se pudo saber que el hombre pagó la cantidad de 5.000 euros a la referida gestora, y ésta en unión de otra mujer, se encargaron de buscar a la presunta novia del hombre y dos testigos que comparecieron en el enlace en calidad de falsos amigos de la pareja.
En un momento concreto de la trama, la novia mostró su disconformidad con lo que estaba haciendo, manifestando no querer seguir adelante, por lo que fue amenazada y conminada a continuar con el plan por la gestora y la otra mujer cómplice, obligándola a consumar el delito.
La actuación policial culminó con la detención de todos los implicados por falsedad documental y en el caso de la gestora, además por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y coacciones.
