El informe anual de Amnistía Internacional expone el abandono que sufrió el personal sanitario en España durante los primeros meses de la pandemia y el "desproporcionado" número de muertes entre los mayores, además de denunciar actuaciones "arbitrarias" de las fuerzas de seguridad en el estado de alarma.
La pandemia centra el tradicional informe de la ONG, que dedica buena parte del capítulo sobre España a las carencias sufridas por el personal sanitario y a las "violaciones de derechos humanos" en las residencias de mayores. El informe incluye un capítulo dedicado a la inmigración y aplaude el vaciamiento de los centros de internamiento de inmigrantes en los primeros meses del estado de alarma, después reabiertos.
Las principales críticas se dirigen a las condiciones "inhumanas" que vivieron muchos inmigrantes en las islas Canarias, desbordadas al aumentar las llegadas cerca de un 757 %; a las expulsiones sin respetarse las garantías legales, y a las decenas de miles de solicitudes de asilo acumuladas. "Hubo personas migrantes y solicitantes de asilo que continuaron viviendo en centros de acogida soportando condiciones de hacinamiento y sin protección adecuada frente a la COVID-19", alerta AI, que pone el foco en Melilla.
Sanitarios con covid
Al final del año, destaca, al menos 93.000 trabajadores de la salud habían contraído la COVID-19 (el 5,1% de los casos) y 89 habían muerto por la enfermedad. En las primeras semanas hubo escasez de equipos de protección individual de calidad, que llegaron aún con más retraso a centros no hospitalarios, como los de atención primaria o las residencias, y durante los primeros tres meses el personal sanitario tuvo acceso limitado a los test. AI recuerda además que en noviembre se estimaba que 20.000 personas habían muerto en las residencias de mayores (el 50 % de los fallecimientos totales por COVID hasta ese momento) y denuncia los protocolos de derivación a centros hospitalarios que se adoptaron en algunas comunidades, que fueron "discriminatorios" y violaron el derecho a la salud.
Critica asimismo el confinamiento "indefinido" de muchos mayores en sus habitaciones, con escaso o nulo contacto con sus familiares y sin supervisión efectiva de las autoridades, "lo que dio lugar a violaciones de sus derechos humanos" en unas instalaciones en las que faltaba personal y medidas de protección.
En un comunicado, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, critica en concreto la situación vivida en las residencias de Madrid y Cataluña y considera que la respuesta del personal sanitario en esta pandemia "ha sido una de las mejores muestras de humanidad que nos ha dejado el año 2020". A su juicio, en el último año el sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias, la de la COVID-19 y la de una gestión sanitaria que ha situado este servicio público "entre el abandono y el desmantelamiento" por falta de planificación e inversión.
En el informe se reseña también el significativo aumento de las llamadas a las líneas de atención a mujeres en peligro de sufrir violencia de género en el ámbito familiar y la persistencia en España de un problema de sinhogarismo y acceso a la vivienda, sobre todo en zonas de bajos ingresos.
AI destaca en este apartado los reales decretos aprobados por el Gobierno para fijar moratorias en el pago de hipotecas y alquileres y suspender desahucios. Como es tradicional en sus informes, la ONG vuelve a criticar la denominada ley mordaza y alerta de que persistieron las denuncias sobre "uso excesivo y desproporcionado" de la fuerza por parte de agentes, encargados de hacer cumplir las reglas del estado de alarma.
Según este estudio, la policía puso más de un millón de multas y sancionó "arbitrariamente" a algunas personas por saltarse el confinamiento impuesto por la pandemia, como periodistas o personas sin hogar, al carecer de criterios claros para ejercer sus funciones.
En el apartado dedicado a la libertad de expresión y reunión, la ONG denuncia de nuevo que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sigan en prisión tras haber sido condenados por sedición por su participación en el "procés".
