Una trabajadora del Juzgado Nº1 de Menores de Melilla ha sido inhabilitada por cohecho en una sentencia de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el escrito explican que en el año 2018, en el Juzgado de Menores se estaba tramitando respecto a un menor dos expedientes por robo y otro por amenazas. En estos casos, se requiere un informe psico-social por parte de un equipo técnico del que la trabajadora inhabilitaba formaba parte. Aprovechando las entrevistas privadas con los padres del menor, les ofreció mediar con el magistrado para conseguir una medida favorable al menor o incluso el archivo de las causas, así como modificar el informe a cambio de 250 euros. La madre entregó a la funcionaria 200 euros a cambio de que mediara a favor del menor y le hiciera un informe favorable que influyese en la decisión a tomar en el Juzgado.
Así pues, la funcionaria emitió un nuevo informe psico-social cambiando la medida solicitada de libertad vigilada a amonestación tras recibir la cantidad de dinero anteriormente mencionada. También llegó a solicitar 1.000 euros al responsable de una empresa local a cambio de influir en un asunto judicial que estaba en proceso.
Además, para que no se dé pie a interpretaciones, la Sala matizó que la inhabilitación ha de ir referida a cualquier empleo o cargo público relacionado con la Administración de Justicia, pues no es tanto el tipo de función que tenía encomendada, sino el desempeñarlo en el contexto de la Administración de Justicia lo que motivó que solicitara una entrega de dinero a personas relacionadas con un procedimiento en el que intervino. Así pues, cualquier empleo o cargo público relacionado con la Administración de Justicia, además de dos años de prisión y una multa de diez euros al día durante 12 meses.
