El Consejo General de Enfermería cree primordial que “la población y los profesionales utilicen mascarillas autofiltrantes -conocidas como FFP2- en aquellos lugares cerrados, poco ventilados y con aglomeración de gente, como el transporte público, y en especial en aquellos donde haya más probabilidad de concurrir con personas portadoras del virus (por ejemplo, centros sanitarios, farmacias, sociosanitarios...), pues su uso es una medida capital para evitar la expansión del coronavirus, el colapso de la Sanidad y muchas muertes más de las que ya lamentamos”. Así lo asegura el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.
En un comunicado, el CGE subrayó que con una tercera ola de la pandemia desbocada, con contagios que baten récord día tras día, con una mortalidad creciente, el descubrimiento de nuevas cepas y cuando ya nadie duda del contagio del COVID-19 a través de los aerosoles, “se hace necesario incrementar las medidas de protección”, apuntan.
Así pues, recuerdan que como ya se solicitó cuando se aprobó la bajada del IVA de las mascarillas, el CGE sostiene que es primordial que tanto la reducción impositiva como la fijación de un precio máximo de venta al público se extienda a todas las mascarillas, siempre que esté certificada su eficacia. Señalan que la prolongación del uso de las mascarillas es uno de los errores más frecuentes que comete la población, muchas veces por la imposibilidad económica que tienen para adquirirlas, y esto genera un problema de salud pública, ya que ni están protegidos ni evitan la transmisión del virus a los demás.
Es más, Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, asegura que “de hecho hay que ir más allá y deberían ser gratuitas para los colectivos más vulnerables, para todas esas familias e individuos sin ingresos o con ingresos muy bajos derivados de la situación socioeconómica desatada por esta emergencia sanitaria. Lo ideal sería incluirlas dentro del catálogo de medicamentos y productos financiados por el sistema nacional de salud con el mismo criterio de acceso en función de la renta y las circunstancias socioeconómicas de cada ciudadano. Es lo más justo y sensato”. “Las mascarillas FFP2 son un bien de primera necesidad para los ciudadanos y por tanto es imprescindible protegerles de cualquier movimiento especulativo, priorizando en todo momento la salud frente al oportunismo de unos pocos”, aseguraron. Además, explican que una vez comprobado científicamente el contagio por aerosoles es recomendable el uso de las mascarillas FFP2, y no las quirúrgicas, debido al contacto directo con otras personas en ambientes cerrados, masificados y con poca ventilación.
Por este motivo, recalcan que “es primordial crear mecanismos que garanticen el acceso a estos productos en función a las necesidades de protección y circunstancias socioeconómicas particulares que pueda tener cada individuo”. Según algunas estimaciones, una familia de cuatro miembros puede gastar al año unos 1.500 euros en mascarillas, apuntaron.
