La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la ONU hace 52 años, pero aún siguen siendo numerosas las deficiencias en esta materia y este año la pandemia ha pasado factura a estos. Amnistía Internacional ha denunciado, más aún, durante el último año, la situación de los centros de acogida de inmigrantes, como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o la plaza de toros, lugar habilitado para dicho fin ante la situación de pandemia. Sobre esta situación de emergencia sanitaria, también han denunciado la falta de protección de los sanitarios.
Beatriz Perales, responsable de campañas en Amnistía Internacional España, enfatizó que el derecho a la salud es un derecho humano reconocido en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “No solo tenemos derecho a la vida, sino al mejor nivel de salud posible”, lo que entraña que “los poderes públicos elaboren un sistema de salud que sea accesible y que no sea discriminatorio”.
“El CETI sigue hacinado”, apuntó a El Faro Perales. Explicó que bajo el contexto de pandemia, pidieron a las autoridades españolas que acabasen de una vez con la situación de hacinamiento y que respetase la orden judicial de libertad de movimiento a aquellos solicitantes de asilo que tienen la tarjeta roja, ya que no se les deja salir de las dos ciudades autónomas a pesar de que la justicia.
Sobre la situación del CETI, asegura que no hay demasiada información, pero que ellos siguen pidiendo que se materialicen traslados a la península para descongestionar el centro. “Es verdad que se han producido unos traslados, pero el centro sigue hacinado”, señaló y por ello siguen pidiendo los traslados a la península y la libre circulación de los solicitantes de asilo, además de la aceleración de los procesos de las solicitudes de asilo y su resolución.
Ligado a la situación de la frontera sur de Europa, también han denunciado la situación de las islas Canarias. “Esto es una consecuencia tanto de las políticas europeas como nacionales”, dijo.
Perales subrayó la necesidad de establecer vías legales y seguras para que las personas migrantes y refugiadas “no se jueguen la vida en viajes cada vez más peligrosos” y manifestó que “tenemos la responsabilidad de combatir discursos cada vez más demonizadores y la criminalización de las organizaciones que tratan de ayudar a estas personas”.
Apuntó a que “no se puede dejar la solidaridad a la libre decisión de los estados, que ha sido un poco viciosa”, dijo.
“Hace falta un sistema de acogida justo, eficiente que se adecúe a las necesidades reales de las personas”, aseguró. Perales defiende de que si hubiera vías legales realmente efectivas, todos los migrantes que llegan a las costas del sur de Europa, no se verían en la obligación de jugarse la vida. Por ello, reiteró que es importante que se establezca dichas vías legales.
La sanidad es un derecho
Además de la política migratoria, Amnistía Internacional denunció en el principio de la pandemia la falta de material de protección para los sanitarios para hacer frente al virus. También han llamado la atención sobre las consecuencias de las políticas de austeridad aplicadas entre 2009 y 2018, sobre las que publicaron un informe titulado ‘La década perdida’. “En Madrid, la inversión en la Sanidad Pública ha descendido un 8% y en la Atención Primaria casi un 12%”, relató. Así pues, expuso que con un sistema sanitario debilitado y con falta de inversiones, “es muy difícil hacer frente a una situación de emergencia o de pandemia como hemos vivido”.
Por ello, desde la ONG piden que se refuerce el sistema sanitario empezando por la Atención Primaria. Subrayó que esta ha estado debilitada durante la segunda ola de la pandemia.
Un tercer asunto que han denunciado ha sido la situación de los mayores en las residencias de ancianos tras conocer que había protocolos en regiones como Madrid o Barcelona para no derivar a estas personas a los centros de sanitarios cuando se contagiaban de coronavirus y necesitaban ser ingresadas. “Esto constituye discriminación”, apuntó.
Hostigamiento y persecución
Perales también explicó que hay gobiernos que han utilizado la pandemia para aumentar “el hostigamiento, persecución e incluso homicidios contra defensores de derechos humanos”. Perales explicó que han sido testigos de cómo gobiernos como los de Egipto, Turquía, Irán o India han dejado a presos de conciencia “consumirse en condiciones horribles”. También han visto como en Colombia se les ha retirado la protección a presos, exponiéndoles de esta forma que se atentase contra sus vidas.
Añadió que las dificultades por las que ha pasado el personal sanitario no solo han tenido lugar en España, sino también en otros países. Subrayó que numerosos de ellos no han sido debidamente protegidos y hay decenas de ellos que han fallecido luchando contra la pandemia.
También señaló el deterioro de la libertad de expresión, ya que según explicó, se ha hostigado a periodistas que han querido informar sobre la pandemia en sus países y que era críticos con la gestión que estaban llevando a cabo sus gobiernos. “Muchos países están utilizando la pandemia como un pretexto para seguir aplicando restricciones a la libertad de expresión. Esto es muy serio”, afirmó.
También incidió que en países como Canadá o México se ha estado encerrando en centro a migrantes y en Canarias no se les ha ofrecido asistencia letrada.
“La labor de Amnistía es exigir a los gobiernos que respeten los derechos humanos y estos tienen la obligación de que los derechos de las personas migrantes y refugiadas se respeten”.
Perales expuso que en un año tan particular como este es esencial poner los derechos humanos en el centro. “Los derechos humanos son también la vía para combatir la pandemia” y que “son la herramienta para conseguir que nuestra dignidad se respete”.
