EL presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, ha pedido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el confinamiento domiciliario. Las razones están más que justificadas. Somos la autonomía con mayor tasa de contagio y tenemos las camas de UCI ocupadas por encima del 60%. Nuestra situación es límite. Por eso el diputado Delgado Aboy ha pedido que se reclame también a Educación el cierre de todos los centros de enseñanza en la ciudad.
En esa línea, el jefe del Ejecutivo local ha pedido al Ministerio de Educación que estudie la posibilidad de suspender las clases y mucho me temo que la respuesta será negativa. En gran parte de Europa (Francia, Italia o Alemania, por ejemplo) se ha vuelto al confinamiento domiciliario que sólo permite salir de casa a quienes trabajan en sectores esenciales, pero no se han suspendido las clases.
Es un riesgo que hay que correr porque está probado que los niños no son población de riesgo y que los contagios en los colegios no están siendo tan alarmantes como los que se dan en las residencias de mayores o en los centros de trabajo de adultos.
En todo caso, el sindicato CSIF está en todo su derecho de exigir a la Consejería de Educación y a la de Salud Pública que sean transparentes e informen sobre el número de contagios que se están dando en las aulas, así como la cifra de alumnos y profesores que han sido puestos en cuarentena, como se hace en Ceuta y en otras muchas comunidades autónomas.
Estamos en plena segunda ola de la pandemia y a estas alturas nos salen con que van a hacer un cribado de la población que debió hacerse cuando empezaron a gotear los primeros contagios en la primera quincena de agosto, tras la celebración de la Pascua Grande, una de las torpezas más grandes de este Gobierno.
Es evidente que todos queríamos la fiesta: los musulmanes, los cristianos, los judíos, los chinos y los gitanos. Pero también es verdad que habríamos entendido que el Gobierno tomara la determinación de no autorizarla o, como mínimo, recomendar que se celebrara en la estricta intimidad de las familias.
Fue una temeridad y reconozco que haber prohibido esa fiesta habría tenido un gran coste político para todos, pero especialmente para CpM porque su electorado no habría entendido que estando en el poder no defendiera la fiesta grande de la comunidad que más le vota y que encima tuvieran que comerse los ‘manolos’ españoles porque con la frontera de Marruecos cerrada, no podían comprar los borregos de toda la vida.
Pero si hubiéramos tomado esa decisión difícil, quizás nuestra situación sería otra. No digo que sería mejor, porque la fiesta del borrego, por sí sola no nos ha metido en este berenjenal, pero fue el punto de inflexión de lo que nos ha venido encima.
Hay que sumar que no se han hecho pruebas de temperatura en los puertos y aeropuertos a todos los melillenses que han pasado sus vacaciones en la península o que viven en Madrid o Málaga y regresan a casa los fines de semana.
Si muchos países asiáticos como China o Vietnam hoy tienen controlada la pandemia es por la estricta disciplina de sus ciudadanos y por el sentimiento colectivo tan arraigado que hay entre ellos. Pero, sobre todo, porque sus autoridades, en cuanto hay un rebrote han hecho cribados masivos.
Es importante saber cuántos positivos reales hay en nuestra ciudad y es mejor gastar el dinero en pruebas PCR que no en subvenciones a las empresas que van de cabeza la ruina por los cierres continuos y forzados.
Para que eso ocurra tiene que haber un movimiento fuerte en las redes sociales que exija a estos políticos que nos han tocado en tiempo de pandemia que nos hagan test a todos para saber dónde hay focos desatendidos y para cortar los contagios.
Que a estas alturas, siendo líderes en incidencia del virus en España, no tengamos a un buque medicalizado del Ejército fondeado en nuestro litoral es, como mínimo, de juzgado de guardia. Que además no hayamos buscado una alternativa al colapso total de las UCI, es más que preocupante, pero que no haya llegado el refuerzo de personal sanitario es una desfachatez mayúscula.
La Fiesta del Cordero sólo ha sido el punto de partida de una cascada de errores que se ha llevado por delante la vida de vecinos de esta ciudad. Sus familiares tienen todo el derecho del mundo a exigir responsabilidades a los políticos que han gestionado la pandemia. Si no dimiten, por lo menos que respondan ante un juez y si éste lo considera oportuno, que los meta en la cárcel por irresponsables o, como mínimo, que los inhabilite para ejercer cargos públicos.
Crucemos los dedos para que las manifestaciones de jóvenes que estamos viendo por toda España no lleguen a Melilla. A nuestra juventud le ha tocado vivir una época muy difícil. Es terrible pedirle que con 20 años se encierren en sus casas, oculten la sonrisa tras una mascarilla o que no compartan con la gente que tiene sus mismos intereses y sus mismas necesidades. Es terrible. Pero de su responsabilidad depende que dobleguemos esta segunda curva y que paremos los contagios. No queda otra. La vida les ha puesto esta prueba tan difícil. Es duro, pero no hay alternativas.
