El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevé unos ingresos para las comunidades autónomas de 114.665 millones de euros, y una previsión de 19.931 millones para las entidades locales además de las asignaciones de los fondos europeos para paliar la pandemia.
Para la entidades locales, los presupuestos también prevén una dotación de 78 millones para compensar los beneficios fiscales concedidos por el Estado en los tributos locales y una compensación de 120 millones para ayudas a favor de las ciudades de Ceuta y Melilla, entre otras medidas.
Según recoge el libro amarillo del proyecto presupuestario que se ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados, estos fondos permitirán a las autonomías y corporaciones locales gestionar en conjunto el 43 por ciento del gasto público, un 29 por ciento las comunidades y un 14 por ciento los ayuntamientos.
También contemplan dotaciones extraordinarias para 2021 por un importe global de 13.486 millones de euros para dotar de mayor financiación a las autonomías y las ciudades de Ceuta y Melilla, en función del fondo Covid.
El libro no recoge la financiación de las comunidades autónomas a través de los tributos cedidos por lo que no se integran en el conjunto de las cuentas generales pero sí subraya que para "no tensionar" la situación financiera de las autonomías se incluyen otras transferencias al margen del sistema de financiación por importe de 13.486 millones de euros.
Además, “integra y canaliza” los fondos europeos previstos para retornar a la senda de crecimiento económico con una partida global de 26.304 millones de euros.
En 2020, con motivo de la pandemia, la financiación incluyendo entregas a cuenta y liquidación del ejercicio 2018 ha supuesto un incremento de más del 7 por ciento con respecto a lo percibido en 2019.
En 2021, los recursos del sistema de financiación autonómica se estima que se mantendrán en niveles similares a lo que percibirán en 2020. En concepto de transferencias directas, las administraciones territoriales percibirán 72.134 millones de euros con un aumento del 58,1 por ciento respecto del ejercicio anterior.
De esa cantidad, el 72,4 por ciento corresponde a las comunidades autónomas que aumentan en su conjunto un 90,1 por ciento mientras que las entidades locales crecen en un 9,7 por ciento respecto a los presupuestos base de 2020, que fueron rechazados.
Según los datos de Hacienda de evolución de la financiación autonómica, Cataluña recibirá 21.380 millones; seguido de Andalucía con 20.612; Madrid, con 15.965; y la Comunidad Valenciana, 11.253 millones.
Respecto a 2020, por este concepto, todas las comunidades sufren una merma debido a la situación económica tras la pandemia.
Aragón y Asturias, con recortes del 2,9 y del 2,6 por ciento, respectivamente, encabezan la lista que prosiguen La Rioja y Castilla y León, con un retroceso del 2,4 por ciento.
Según el texto, la actual situación de crisis no ha tenido repercusión en la financiación de las entidades locales y tampoco la tendrá en 2021, ya que, las entregas a cuenta experimentarán un ligero incremento del 3 por ciento, unos 573 millones de euros.
Subvenciones al transporte
Las subvenciones al transporte se situarán en 2021 en 2.621 millones de euros, el 4,1 % más que en el presupuesto base de 2020, según el proyecto de presupuestos para el próximo año.
Estas subvenciones cubren los costes de prestar servicios públicos de transporte deficitarios, procurar la integración de los territorios no peninsulares.
Para el transporte de mercancías entre Canarias, Baleares y la península, así como para el interinsular y el de exportación de las islas a países extranjeros se dotan 77 millones. También se establece un sistema de compensación para el transporte de mercancías de Ceuta y Melilla.
También sufragan las deducciones legales que disfrutan los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para el transporte aéreo y marítimo, con un total de 797 millones de euros.
106 millones para atender a inmigrantes
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 dota con 106 millones de euros más las partidas destinadas a atender a los inmigrantes para dar respuesta, según explica el Gobierno, al importante incremento de las solicitudes de asilo y a la fuerte presión migratoria sobre las costas españolas.
Según el desglose del proyecto presentado por el Ejecutivo este martes, el sistema de protección internacional experimentará un incremento de 92 millones de euros con respecto a 2020.
En este sistema se incluyen los programas para facilitar la acogida e integración de los inmigrantes, en aplicación de la normativa nacional y europea, y la prestación de la asistencia sociosanitaria en los centros de estancia temporal de Melilla y Ceuta.
Destaca también el Gobierno las subvenciones a entidades no gubernamentales para atender a inmigrantes en situación de vulnerabilidad, que lleguen a las costas españolas o formen parte de asentamientos y que precisan de programas de actuación inmediata, para las que se destina un total de 165 millones de euros.
Los proyectos enfocados a impulsar la acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional en situación vulnerable, cofinanciados con fondos europeos, se dotan de 44 millones de euros.
La gestión de las solicitudes de asilo compete al Ministerio del Interior, que se compromete a implantar nuevas aplicaciones informáticas, establecer protocolos con otros departamentos ministeriales concernidos y simplificar los procedimientos, inluyendo un sistema de guardias que permita responder en todo momento a las peticiones en frontera.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por su parte, apuesta también un reformar el modelo de acogida de los solicitantes de asilo y protección humanitaria.
El proyecto incluye asimismo una partida de 28 millones para complementar los recursos de las comunidades y ciudades autónomas para atender a los menores extranjeros no acompañados que acogen.
El Gobierno reconoce que el reto migratorio, que se ha recrudecido recientemente, obliga a revisar la regulación actual y los protocolos de actuación.
Es necesario, a su juicio, aumentar el control de los flujos migratorios irregulares, salvaguardando los derechos humanos de los inmigrantes, y "revisar" el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES).
El objetivo, destaca, "es conseguir que la inmigración se desarrolle por cauces legales, sobre la base de los derechos y obligaciones que establece nuestro sistema legal, ya que sólo así podremos favorecer una convivencia ordenada, sustentada en los beneficios que la inmigración puede reportar a la sociedad".
