Un trabajador del Centro de Educativo de Menores Infractores, conocido como ‘Baluarte’, que trabajaba con la Fundación Diagrama denuncia acoso laboral por parte de un superior y un despido improcedente. El caso se encuentra en trámite judicial y en manos de un abogado.
Según ha podido saber este periódico que ha hablado con la familia de este trabajador, los hechos se remontarían al mes de marzo cuando este trabajador tuvo que intervenir la discusión entre unos menores. El menor le agredió, le escupió y le insultó, por ello el trabajador acudió a la Guardia Civil para poner una denuncia sobre lo sucedido.
De acuerdo a lo que cuenta la familia, la entidad responsable del centro no actuó al respecto y tras acudir a la Guardia Civil, le llegó la notificación de que tenía que cumplir una sanción de 50 días porque “él se había puesto a la altura del menor y que intentó agredirlo”. Pero la familia alega que hay cámaras y testigos, con los cuales ha hablado el abogado que defiende a este trabajador.
Al parecer, tras lo sucedido, le hicieron firmar la infracción y le dijeron que si no firmaba el documento para la suspensión días de empleo y sueldo le iban a despedir. Por lo que, firmó, constando así que aceptaba esos hechos que decía la empresa.
Más tarde se torció el tobillo bajando del vehículo en el mismo centro, momento en el que había también compañeros. Por ello, este trabajador fue a pedir los papeles de la Mutua porque había sido un accidente laboral, y la subdirectora del centro se lo negó y le indicó que acudiese a la Seguridad Social.
De este modo, el trabajador fue a la Seguridad Social donde recurrió y piso una alegación en el Ingesa para que cambiasen la contingencia de común a labora. Así que la notificación le llegó a la empresa. Después, según explicó la familia, todo son faltas graves como que no justifica sus ausencias en el trabajo y una coso laboral constante. La familia asegura que todas esas veces que no acude al trabajo están justificadas por informes médicos.
La suspensión de empleo y sueldo es algo que ha estado cumpliendo estos meses, y ahora, antes de cumplir los cincuenta días, al trabajador le llegó un burofax conde le comunicaban el despido. Ahora, en manos de un abogado y en trámite judicial, están a la espera de un juicio.
Un proceso garantista
El Faro también ha consultado a la Fundación Diagrama para conocer su versión de los hechos. Reconocen que el caso se encuentra en un procedimiento judicial y que no iban a entrar en detalles por respeto al desarrollo del mismo. Pero aseveran que no entienden la denuncia que llega a El Faro en cuanto a la exposición de los hechos, ya que por parte de la entidad se ha visto una serie de hechos que se consideran probados tras una investigación interna.
Desde la entidad sostienen que este asunto laboral se ha llevado a cabo con un proceso garantista para el profesional, y que al no estar de acuerdo ninguna de las partes en lo que se exponía ha desembocado en un procedimiento judicial.
