La protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual tiene "graves fallos estructurales" en España, según denuncia en un informe Amnistía Internacional (AI) que lamenta que se da prioridad a la persecución del delito frente a la identificación de las mujeres sometidas a explotación sexual.
En dicho informe, indican que en lugares que son puerta de entrada en España, como Andalucía, o Melilla, solo se han identificado 41 víctimas y ninguna en el año 2018. Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Personas que se celebra el 18 de octubre, AI publica el informe 'Cadenas invisibles', en el que denuncia que las autoridades españolas priorizan el control policial y migratorio por encima de la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, por lo que éstas son instrumentalizadas y vistas como pruebas para la investigación y no como personas necesitadas de protección.
Prueba de ello es que tan solo mil de las 75.000 personas que, según el gobierno, estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual han sido identificadas finalmente como víctimas en los últimos siete años que se tienen datos, entre 2013 y 2019.
Estos datos, además, no incluyen a las mujeres que solicitan protección internacional o migrantes que llegan a las costas.
"La identificación es el primer paso y resulta fundamental para proteger a las víctimas de trata y garantizar su asistencia, acceso a justicia y derecho a la reparación. Si no se detecta a las posibles víctimas, los siguientes pasos son inexistentes", advierte Virginia Álvarez, autora de la investigación y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España.
Especialmente preocupante para AI es la situación en las costas, donde el enfoque es principalmente de control migratorio y muchas posibles víctimas "se pierden" por el camino mientras los traficantes están esperándoles en esos lugares de tránsito.
Esta organización cree que una de las razones es que la identificación de víctimas de trata recae exclusivamente en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, concretamente en las unidades encargadas de la persecución del delito, por lo que no siempre se garantiza un enfoque de género y protección de derechos humanos.
A la organización le preocupa además que los estereotipos de género influyan de manera perjudicial para la identificación de las víctimas y lamenta que muchos funcionarios policiales buscan un determinado "perfil de víctima de trata" y, si no se corresponde, lo descartan.
"La policía tiene que entender que muchas veces no hay cadenas físicas, sino que lo que hacen es crear cadenas mentales, nos obligan a consumir drogas y alcohol para que estemos activas, nos obligan a sonreír, a bailar, a decir que estás porque quieres, después de amenazarte o pegarte", es uno de los testimonios que recoge este informe de AI de una víctima y superviviente.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha expresado su preocupación por el hecho de que algunas operaciones policiales contra la trata con fines de explotación sexual finalizan con la detención de las mujeres por su situación de irregularidad administrativa, a pesar de la existencia de indicios de trata o explotación.
"Las autoridades no deben olvidar que tienen la obligación de proteger a todas las víctimas con independencia, tanto de su estatus migratorio, como de la capacidad de la víctima para colaborar en la persecución del delito de la que es objeto", señala.
En el informe, AI advierte también sobre las consecuencias que el confinamiento ha tenido sobre estas personas, agravando la situación de explotación y aislamiento, especialmente en el caso de las más vulnerables, como las mujeres y niñas migrantes en situación de explotación en el servicio doméstico, explotación sexual u otras formas de explotación.
En este sentido, denuncia que la mayoría de las medidas contempladas en el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la Crisis de la COVID-19 dirigidas a las víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contexto de prostitución no se han materializado.
En cuanto a las menores, indica que entre enero y junio de 2019 llegaron a España 11.345 niños y 956 niñas migrantes no acompañados, y solo 10 de ellas fueron identificadas como víctimas de trata. En cuanto a los niños, en un periodo de 4 años, entre 2014 y 2017, solo 3 niños fueron identificados como víctimas de trata, y todos ellos en el año 2014.
