La Delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha anunciado el traslado de unos 80 inmigrantes a la península, solicitantes de asilo y personas en una situación de vulnerabilidad que se encuentran en la plaza de toros.
Actualmente se les están haciendo varias pruebas para comprobar su estado de salud, además de la PCR para saber si tienen coronavirus. Según puso saber El Faro, estas pruebas se están haciendo desde hace días a ciertos solicitantes de asilo, por lo que ya se estaba preparando el traslado con anterioridad al conato de motín vivido el miércoles.
Por el momento no esta previsto que se realice ningún traslado de residentes del CETI, a pesar de que el centro casi duplica la capacidad para la que fue diseñado, ya que quedan principalmente personas con una orden de expulsión y las familias que están pendientes de las pruebas de ADN.
Sobre los acontecimientos del miércoles, la delegada ha condenado “de manera rotunda” y que dichas actuaciones no harán que los responsables del motín vayan a salir antes hacia la península. Explicó que la situación de por sí ya era difícil y que se ha agravado por la pandemia y el cierre de la frontera como consecuencia de esta. Esto imposibilita que las personas que tienen la orden de expulsión puedan ser devueltas a su país. El CETI cuenta en estos momentos con unos 1.300 residentes, explicó, y que aunque ha bajado la cifra desde que comenzó la pandemia, este sigue superando su capacidad. El hecho de que se encontrasen a cuatro personas que dieron positivo en coronavirus, por lo que decidió confinar el centro después de que estos casos fueran llevados al centro COVID de la ciudad. Moh quiso insistir en que los únicos motivos que llevaron a las autoriades sanitarias a tomar esta decisión fue la salud pública, tanto la de los melillenses como la de los residentes del CETI. “Sabemos lo que es estar confinados y por tanto sabemos de la complejidad de la situación” y que por lo tanto, “nada justifica las actuaciones incívicas”, reiteró.
En esta línea aseguró que España es “un pueblo solidario” que cumple con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos e inmigración de manera ejemplar y que por ello no va a permitir que “nadie agreda a nuestras instituciones ni a los agentes” de forma violenta y que quien lo haga, sus actuaciones “tendrán consecuencias”.
Sobre esto, manizó que no quería “criminalizar” a todos los residentes del CETI porque se trababa “de un número minoritario” que organizó el motín.
Finalmente, fueron 33 los detenidos que han pasado a disposición judicial y agradeció la labor de los agentes, los trabajadores del CETI, al 061 y deseó una pronta recuperación a los heridos.
“El Estado de Derecho es fuerte y nos van a encontrar de frente”, insistió. En esta línea, explicó que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones tienen una hoja de ruta para descongestionar el CETI, pero que para ello tiene que haber un trabajo previo, como comprobar la situación documental de las personas afectadas.
Paciencia
La delegada del Gobierno también ha pedido "paciencia" reiterando el compromiso del Gobierno central con la ciudad. Recuerda que el cierre de fronteras ha hecho más difícil resolver la situación.
Ya se sabe y es obvio que no van a trasladar a los responsables,pero a la mañana siguiente después de unos altercados o motín no puedes, ni debes hacer esas declaraciones.
Lo cual se demuestra científicamente que si montas un buen pollo con daños físicos y económicos tienes la recompensa que te obsequian con un traslado a la Península gratis.
Gracias incompetentes.
Por favor, lea la noticia, en ningún momento se dice que se vayan a trasladar a los del motín.
Eso es así funciona españa la lían y lo premian, son los únicos que incumplen las normas con total inmunidad en un país que multa a sus ciudadano a 100 euros por no usar las mascarillas... Este es un ejemplo... Sigan así, efecto llamada, sin imponerle deberes y premiando su aptitud agresiva y desafiante.