Antonio Gutiérrez quiere saber cómo afectará a la gestión de los Servicios Sociales en el país.
El diputado del PP por Melilla en las Cortes, Antonio Gutiérrez se refirió ayer a la próxima celebración de una Comisión de Sanidad en el Congreso en la que se espera la comparecencia de la ministra del ramo con el fin de explicar cual va a ser la política que va a llevar a cabo en dos asuntos importantes como son la financiación de los servicios sociales y de la Ley de Dependencia.
Sobre esta segunda señaló que el Ministerio debería liderar el Consejo Interterritorial de Salud con el fin de que las personas que en estos momentos tienen derecho a percibir una ayuda de dependencia no sufran un menoscabo debido a la política de reducción de déficit que quiere imponer el Gobierno central.
Finalmente, el diputado popular adelantó que preguntará por estas dos cuestiones a la ministra y también en torno a las consecuencias en la financiación del Sistema Nacional de Salud en estos momentos de crisis.
Varias respuestas
Por último, Gutiérrez recordó que desde el Gobierno central habían contestado a tres de las preguntas que había elevado, en particular sobre la supresión de la receta convencional a pacientes crónicos, los partos prematuros en España y por último sobre el tratamiento psíquico con sustancias químicas.
Sobre la primera cuestión, recordó que el Ministerio confirmó que no existe la previsión de sustituir esa receta convencional, algo molesto para este tipo de pacientes pues tienen que acudir varias veces a la consulta para realizar este trámite y sobre los partos prematuros de momento no va a hacerse un esquema preventivo para estas mujeres, a pesar de que el número de partos de este tipo no hace más que aumentar en España. De hecho, Gutiérrez recordó que desde el año 2005 hasta el 2009, los partos prematuros en España habían ascendido de unos 22.000 a 26.000.
Finalmente, sobre el último asunto, el Ministerio afirmó que no tenía competencia sobre esa cuestión, aspecto que sorprendió a Gutiérrez, al entender que en el caso de Melilla y Ceuta, la competencias en Sanidad siguen en poder del Estado, por lo cual las dos Ciudades Autónomas no pueden tomar ningún tipo de decisión al respecto.
