El letrado José Ignacio Gavilán Montenegro, abogado defensor del exconsejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, en la causa ‘Operación Ópera’, aseguró en declaraciones a El Faro que “es irreparable el daño infligido al honor de los investigados” en este caso.
Manifestó su satisfacción y agradecimiento por “el gran trabajo” de la actual titular del juzgado de Instrucción número 4 de Melilla en el auto de sobreseimiento y archivo de este caso que fue dictado este martes pese “a la gran complejidad y desmesurado y exorbitante volumen de la misma, repleta de tergiversantes, tediosos e inútiles informes policiales, así como el excelente trabajo realizado hasta el momento por el resto de letrados defensores en dicho procedimiento”.
Gavilán Montenegro aseveró que era un ato esperado y destacó las “críticas” que contiene sobre el informe policial que originó “toda la marea de actuaciones policiales y judiciales”. Indicó que ese documento tiene “una valoración jurídica que, en acertadas palabras de la magistrada, ‘excede con mucho del supuesto denominado informe de inteligencia policial’, así como que la anterior titular del juzgado, considerara erróneamente las aseveraciones de un mero testigo de la UCO como indicios constatados con capacidad para iniciar la instrucción de la causa, al fin archivada”. El abogado indica que la juez concluye “en su impecable y extensa resolución”, que “del total de diligencias de investigación practicadas no resulta acreditada la comisión de los hechos”.
Además, hace referencia en el auto, según el letrado, a que “existen dudas del ajuste a derecho del auto de entrada y registro al Palacio de la Asamblea, y que se registraron entidades y domicilios que no están investigados en las actuaciones”.
Por último, esta abogado indicó a El Faro que “es de justicia denunciar públicamente el irreparable e injusto daño infligido en el honor, la intimidad y la excelente reputación de los investigados, especialmente de los conocidos servidores públicos que durante tantos años han servido y se han entregado en cuerpo y alma y con absoluta lealtad a los melillenses. Ellos son quienes han padecido durante interminables años una investigación prospectiva, arbitraria y chapucera iniciada insosteniblemente por algunos agentes de la Policía Judicial adscrita a la Guardia Civil de Melilla y que ya no pertenecen a dicha Unidad Orgánica, que no han hecho más que manchar el prestigio profesional de tan honorable Institución, y que fue aprovechada insidiosamente por intereses partidistas que vilipendiaron el derecho fundamental a la presunción de inocencia, garantía básica y constitucional del justiciable en cualquier Estado Democrático de Derecho”.
