Muchos sudores y lágrimas ha costado a los melillenses y a los ceutíes entrar dentro de la estructura autonómica del Estado para que ahora, determinados partidos políticos, que fueron una parte esencial de esa lucha, por intereses partidistas estén intentando tirar todo lo conseguido por la borda.
Es verdad que no estamos hablando de competencias que nos han quitado, que no estamos hablando de que las dos ciudades no vayan a seguir participando en las Conferencias de Presidentes ni en las sectoriales de cada ministerio, ni de que los presidentes no vayan a tener la misma consideración que sus homólogos de otros presidentes autonómicos, estamos hablando únicamente de que el presidente pueda nombrar a consejeros y viceconsejeros no electos y que, por tanto, no formen parte de la estructura de las distintas listas electorales que se han presentado. Es simplemente una igualdad con las demás comunidades autónomas, aunque no seamos comunidades, pero tampoco somos ayuntamientos.
Ante una problemática como la que se comenzó a vivir ayer en Melilla nada más que caben dos posturas: o somos autonomistas o no somos autonomistas. Y ser autonomista significa defender, como ha sido mi caso, la necesidad de la aplicación de la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución, aunque luego, acuerdos entre PSOE y PP llevaron a un híbrido como fue el estatuto de autonomía.
Un estatuto, que a fuer de ser sinceros, ha supuesto un avance muy importante para las dos ciudades: no en vano han multiplicado sus propios fondos económicos, han tenido un trato igualitario con las restantes autonomías españolas, han sumado más competencias para gestionar el bienestar de sus conciudadanos.
Y hasta el día de hoy, el PP melillense ha sido coherente que es, lo mínimo que se le puede pedir a un partido político. El PP melillense siempre ha estado de la mano con el PP de Ceuta, que nunca ha variado de postura e incluso está dispuesto a seguir defendiendo sus tesis autonomistas recurriendo al Tribunal Constitucional, hasta el día de hoy. Y ese cambio de postura porque ahora se encuentre en la oposición y quiera desestabilizar al Gobierno de Melilla no me parece de recibo. Porque, al fin y a la postre, poco le importan el resto de consejeros y viceconsejeros, la principal diana en sus disparos es el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Julio Liarte. No hay otra. Por ello, me da tristeza este cambio de opinión en el PP de Melilla, donde ha dejado años de lucha por esa igualdad de Melilla con el resto de las comunidades autónomas por una cuestión meramente personal con Liarte y por intentar desestabilizar al gobierno de Eduardo de Castro. La coherencia en política es esencial porque, de esta manera, te puedes presentar ante los ciudadanos con la fuerza del cumplimiento de sus planteamiento. Lo que no se puede decir es negro lo que hasta hace poco era blanco.
Pero también en esta critica tengo que incluir al resto de las formaciones política que hoy componen el Gobierno tripartito. Cuando en el mes de abril de 2017 el mismo Imbroda defendía que las dos ciudades debían tener derecho a la autoorganización y, por tanto, la posibilidad de defender los nombramientos de consejeros y viceconsejeros no electos, tanto CpM como el PSOE y Ciudadanos se levantaron en armas y exigieron las dimisiones.
Dentro de esa coherencia que se le debe de pedir a todos los políticos, lo normal hubiera sido que ellos no hubieran nombrado a consejeros y viceconsejeros no electos porque no defendían esa postura de autonomismo extremo, ya que también su objetivo por entonces era crearle problemas al Gobierno de Imbroda. Sin embargo, llegados a estas alturas lo que se debe hacer es mantener el tipo, asumir esos nombramientos y reconocer que entonces estaban equivocados.
Ha sido un día triste para la política de Melilla porque nadie ha estado a la altura. Unos porque han cambiado una postura que venían defendiendo desde hace veinte años y los otros porque han frenado cualquier decisión, incluidos los Presupuestos.
