Se tendrá en cuenta la fecha en la que pasó a manos de los servicios de protección.
El Defensor del Pueblo ha remitido un informe a la Delegación del Gobierno en Melilla en el que realiza una serie de recomendaciones en lo que a permisos de residencia a menores extranjeros no acompañados se refiere, pues esta institución considera que se debe tener en cuenta la fecha en la que el afectado fue puesto a disposición de los servicios de protección, a tenor de lo establecido en el Artículo 35.4 de la Ley 4/2000 de 11 de enero. De igual manera, la Delegación del Gobierno ha aceptado tal propuesta y anunció que modificará dicho criterio en breve.
Así lo comunicó a ‘El Faro de Melilla’ el máximo responsable de la ONG local Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, ya que dicha recomendación se ha hecho a instancia suya.
No obstante, la aceptación de tal propuesta por parte de la Delegación del Gobierno ha llevado tres años a la asociación humanitaria, ya que desde el 2007 se pusieron en pie de guerra al considerar que la “arbitrariedad” en la concesión de dichas autorizaciones de residencia y su duración ha sido “una de las armas que se han utilizado para espantar a este colectivo y frenar un posible efecto llamada”.
Una práctica que Prodein consideró una “vulneración de los derechos de estos jóvenes”, y que además “ha tenido consecuencias enormemente trágicas para los menores”.
Denuncia de Prodein
Según declaran desde la ONG, las autorizaciones de residencia venían siendo dadas de baja sistemáticamente al cumplir la mayoría de edad, independientemente de su fecha de caducidad, dejando al titular “en la más absoluta irregularidad, indefensión y abandono”.
Por otro lado, apuntan que fueran cuales fueran sus circunstancias, los menores que lograban renovar sus permisos de residencia recibían una autorización inicial, cuando les correspondía con frecuencia una permanente.
“Han sido muchos años de lucha y denuncia de asociaciones, de los propios menores, y la importante y constante intervención del Defensor del Pueblo Español”, señaló Palazón con satisfacción. “Por fin la Delegación del Gobierno en Melilla ha aceptado la recomendación del Defensor del Pueblo y ha impartido instrucciones para que en las autorizaciones de residencia se efectúe la retroacción establecida en la vigente Ley de Extranjería”, concluyó.
