Afectados por el derribo de casas en Charrana evalúan acciones judiciales

Nuevas acciones judiciales contra un Caid (autoridad marroquí), se plantean tomar los representantes de las 14 familias españolas, muchas con su residencia en ese país, a quienes comenzaron a derribarles sus viviendas, este lunes, en la zona de Charrana.

Esta acción fue ejecutada sin un anuncio reciente de las autoridades, pero sí de manera extraoficial por otras personas, informaron a El Faro de Melilla.

Eso dio tiempo a algunas familias de sacar sus pertenencias; mientras que otros, que no estaban en la zona, perdieron sus bienes. Durante el proceso de demolición llegó mucha gente ajena a la situación que saqueó algunas viviendas.

“En otras casas que no habían podido sacar las pertenencias, la gente que vino, rompió cerraduras y no pudimos impedir que se llevaran televisores, neveras…”, comentó uno de los afectados.

Las viviendas derribadas son propiedad de españoles que tienen su residencia en el vecino país. Además llama la atención, que pese a que hay otras estructuras muy cerca de la playa, no serán destruidas.

Acciones previas

Las viviendas de estos españoles tienen entre 40 y 60 años, de hecho, los propietarios sabían que por norma, todas las casas en dominio marítimo no pueden ser construcciones definitivas, pero sí efímeras y desmontables.

Los afectados estaban, desde hace un tiempo, en conversaciones con Dominio Marítimo para llegar a acuerdos y definir el tiempo de permanencia en el sector. “Desde que mis padres y abuelos tenían las casas ahí, sabía que algún día las iban a quitar”.

No obstante, el problema en Charrana es que la delimitación de la zona de Dominio Marítimo marroquí no está definida y ni hay demarcación en la cala. Incluso, esta área además de ser una ensenada, tiene la desembocadura de un río seco, por ello hasta hace unos años Dominio Marítimo no calificaba la zona como playa sino como monte.

Las advertencias de querer derribar las casas iniciaron hace dos meses y medio y provenían desde el Caidato de Beni Chikar. Uno de los representantes de las 14 familias afectadas, informó que sostuvieron varias reuniones con las autoridades, quienes no explicaron la normativa en la que se soportarían para derribar las infraestructuras.

“La orden de demolición no estaba clara porque no se basaba en ninguna ley”, aseveró uno de los afectados, quien mencionó que contactaron a un abogado que ha llevado temas urbanísticos marroquíes.

Ante esa orden de demolición, los españoles impusieron una demanda de paralización en Uchda, pues la audiencia urbanística de la provincia de Nador, pertenece a esta área. Esa acción judicial fue ganada por las 14 familias.

Con esto, aclaran que conocían que existía una orden de demolición que no tenía un basamento legal y que no provenía de la Gobernación de Nador, ya que también tuvieron conversaciones con ellos. “Era una orden que este caidato había puesto y nosotros nos defendimos, paralizándolo a través del juzgado en Uchda”.

La situación continuó y hace aproximadamente un mes, el Caid eliminó los porches delanteros de las viviendas, que estaban construidos con cañas. “La orden que tenía el caidato, desde el Ministerio del Interior de Marruecos, era la demolición de todas las construcciones efímeras realizadas con madera y cañas”, explican.

Ante esto, las familias denunciaron al Caid en el juzgado solicitando además pagos por daños y perjuicios causados.

Pagos de canon y derechos

Aseguran que después de las primeras acciones, el Caid estuvo solicitando información en distintas instituciones de Nador, como Dominio Marítimo y los juzgados. No obstante, según el representante de las familias, el tribunal de Nador no tiene competencias en esa materia, pues depende de la Comisión Urbanística de Uchda, quienes en ya habían detenido la orden de demolición hace unos meses y estaban a la espera de una posible resolución judicial por posibles derechos de los afectados sobre las viviendas.

Las familias tienen décadas pagando un canon sobre las casas. “Sí o sí tenemos unos derechos de usos, no nos pueden tirar las casas de esa manera; y para poder hacerlo se debe reunir una comisión que determine la necesidad de la demolición por urgencia ante un proyecto futuro que se desarrolle en Charrana a beneficio de toda la comunidad”.

De acuerdo con los afectados este proyecto no existe y no hay algún plan de desarrollo de la playa; y en caso de que existiera, el procedimiento a seguir para el desalojo de la zona era realizar una reunión de la comisión, en la que se debía notificar a los dueños de las viviendas para darles un plazo prudencial a fin de abandonar las estructuras.

Muchos de los afectados tienen terrenos comprados en zonas cercanas para edificar nuevas casas en caso que les correspondiera desalojar.

“Creemos que algún juez de la provincia de Nador o mediante una orden directa del Gobernador, ha dicho, lo tiráis y luego resolveremos en los juzgados”, sin embargo, no lo pueden aseverar.

Aunque en la zona hay más viviendas, las que derribarán son 14, que están ubicadas en la zona media de la playa, a unos 90 metros aproximadamente.

De acuerdo con los afectados esta acción se toma sin ningún tipo de miramientos ni normativas. No obstante, están claros que en la línea de Dominio Marítimo, en cualquier playa de Marruecos, está delimitada por equis metros y no puede haber construcciones que no sean de carácter temporal, con autorización y un uso público.