El presidente de la Ciudad lamenta que se haya rechazado la propuesta para el aumento de la dotación de los convenios para grupos sociales desfavorecidos.
El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, afirmó ayer que Melilla está “desatendida” por parte del Estado en materia de servicios sociales y lamentó que se hubiera rechazado en el Congreso la propuesta del diputado del PP por la ciudad, Antonio Gutiérrez, en la que pedía que se aumentara la dotación económica de los convenios suscritos en su día con el Gobierno local.
En este sentido, en total era tres convenios, uno para atender a familias desfavorecidas, otro para mayores y un tercero para menores inmigrantes. Imbroda señaló que hay parámetros negativos en la ciudad de los “que no se quieren enterar”.
Junto a ello, recordó que Melilla es la ciudad española con mayor índice de paro juvenil y de mujeres y con uno datos de fracaso escolar de los más elevados, como pone de manifiesto el último estudio que ha elaborado el Ministerio de Educación al respecto.
“Hace falta que se invierta más dinero en políticas sociales y no recortar los convenios que existían con la Ciudad”, señaló Imbroda y criticó la “dejadez continua” del Gobierno central hacia Melilla así como el PSOE local “incapaz de trasladar nada a Madrid”. En cualquier caso, el presidente local recordó que Bienestar Social intentará recortar gastos en algunas de sus partidas con el fin de hacer frente a las prestaciones sociales para determinados colectivos.
El mandatario local recordó que la población de Melilla no había hecho más que aumentar en los últimos años como consecuencia de un mayor número de nacimientos así como el retorno a la ciudad de muchos melillenses que se habían ido a la península a trabajar.
Además, también señaló que la población marroquí que vivía en la ciudad es de unos 7.000 habitantes, fruto de la laxitud que existe en el control fronterizo.
Esta situación, afirmó, conlleva un mayor número de servicios y más gastos en aspectos como la red de agua o gestión del servicio de basuras.
Junto a ello, recordó que todas las personas que habitan en Melilla tienen derechos constitucionales que hay que atender. “Aquí siempre ha habido una población mayor de la que se dice”, sentenció Imbroda.
