El líder de los socialistas revela que este problema se hubiese evitado si el Reglamento se hubiese elevado al Consejo Superior de Estado, “como hace Ceuta”
Los Grupos Parlamentarios de PSOE y CpM en la Asamblea de Melilla han solicitado una Junta de Portavoces urgente al Gobierno local para abordar las multas ilegales y pedirle al Ejecutivo explicaciones sobre éstas, tal y como informó ayer el portavoz del Grupo Socialista, Dionisio Muñoz.
“Hasta la fecha ni se ha informado a los Grupos de la oposición ni a los ciudadanos para que puedan pedir lo que les corresponde”, recordó el líder socialista, a pesar de que, tal y como mostró, los socialistas ya denunciaron el día 28 de enero en comparecencia pública que las multas interpuestas en los últimos cuatro años eran ilegales, y que, a través de un Pleno, usando el canal correspondiente, presentaron una interpelación para proceder a la devolución del dinero a los ciudadanos multados.
Y es que, tal y como señaló Muñoz, se trata de una importante cuantía de dinero, que podría rondar los cinco millones de euros, pero dejó claro que “toda la responsabilidad política” es del Gobierno de Imbroda, por haber hecho un reglamento que no se ajusta a la legalidad y, por tanto, las multas “son manifiestamente ilegales”.
Órgano superior consultivo
Dionisio aclaró que todas las comunidades autónomas elevan sus reglamentos a un órgano consultivo superior, para constatar que son correctos. Así, la Ciudad Autónoma de Melilla tiene la obligación de hacer lo propio con el Consejo Superior de Estado, tal y como hace Ceuta.
“¿Por qué Melilla no lo hace? Se hubiese evitado este problema”, razonó el número uno del PSOE local, quien adelantó que éste no es el único Reglamento que va a traer problemas. “El Gobierno del PP entiende que Melilla no es un ayuntamiento y que no deben elevar el Reglamento”, lamentó. De ahí han surgido estos problemas de ilegalidad, agregó, y señaló que “como no cumplen con la norma, les está pasando factura”.
Y es que, tal y como explicó Muñoz toda esta cuestión no se debe a una “pataleta” ni a una “manipulación” del PSOE sino a la realidad: “el Reglamento es ilegal y las multas también. Lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”. Por ello, añadió, “no puede haber un agravio comparativo entre melillenses y el Gobierno debe dar una respuesta”.
Contradicciones del PP
Durante su alocución, Muñoz se refirió a las contradicciones en las que el PP ha caído a propósito de esta cuestión. Así, según relató, el pasado miércoles, el presidente Accidental y consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, aseguraba que no iban a recurrir la Sentencia del TSJA, mientras que un despacho de la agencia Efe, de la víspera, que citaba fuentes del Gobierno, aseguraba que sí.
“Pero, en las propias palabras de Marín, también se esconde una contradicción”, subrayó el socialistas, pues tal y como explicó, el representante del Gobierno de Imbroda aseguraba que no compartían la sentencia pero que no la iban a recurrir. “Si no lo comparten que la recurran y, si no la van a recurrir, que la acaten”, razonó el líder del PSOE.
En cuanto a los informes jurídicos a los que alude el presidente accidental, Muñoz los puso en duda. “Si los que han hecho los informes jurídicos son los mismos que respaldaron el Reglamento, tenemos nuestra dudas sobre ellos”, señaló.
En cualquier caso, el número uno del PSOE local, puso de relieve la actitud del Ejecutivo de Imbroda, dado que, una vez que empezó a recibir demandas en contra por el Reglamento, “en lugar de estudiar si éste era correcto se dedicó a gastar el dinero de los melillenses en recurrirlas”.
Para terminar Muñoz apuntó que, en su opinión, sigue habiendo un problema con el Reglamento de Delegación de Competencias porque se le ha dado una competencia municipal a una persona que no es concejal electo, como es el Consejero de Seguridad Ciudadana, Ramón Antón.
