La petición se ha hecho para que responda ante la Comisión de Justicia del Senado. El Gobierno local confía en que decaiga la decisión del Consejo de Ministros.
El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, confirmó ayer la petición formal del PP para que comparezca en el Senado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con el fin de que de explicaciones sobre la posible extradición de dos melillenses a Marruecos.
En este sentido, se trata de Mohamed El Bay y de Ali Aarras, quienes llevan ya dos años detenidos a la espera de que la Audiencia Nacional estime o no la procedencia de su extradición a Marruecos para ser juzgados por delito de colaboración con banda armada.
Así, la petición de comparecencia se realizó el 29 de marzo por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Justicia del Senado, Agustín Conde, y con ella se pretende un respuesta clara del Gobierno central sobre un asunto que lleva demasiado tiempo pendiente de una resolución de la Audiencia así como del Consejo de Ministros, que será en última instancia el que decida si se produce o no la extradición.
De hecho, el plazo máximo para resolver este asunto es de dos años, aunque a petición de la Audiencia Nacional se ha prorrogado por un tiempo más. Recientemente se conoció el auto judicial en el que se dejaba claro que otro melillense, Abdeselam Ahmed, no se le podía extraditar a Marruecos para ser juzgado ahí por otro delito de colaboración con banda armada, en este caso, acusado de financiar un grupo terrorista checheno.
Esta situación ha dado alas al Gobierno local y la oposición para confiar en que los otros dos melillenses, uno de nacionalidad española y otro belga, no sean extraditados a Marruecos. En cualquier caso, el problema que debe dilucidar la Audiencia Nacional en este momento es saber si estas dos personas son de nacionalidad marroquí o no.
En el caso de Mohamed El Bay, la Audiencia consideró en un auto que era de nacionalidad marroquí. En el caso de Aarras, la investigación que ha llevado a cabo la Audiencia ha llegado a la conclusión de que no hay indicios de los delitos que se le imputan desde Marruecos.
La situación de estas tres personas ha generado un agrio debate entre las formaciones políticas en Melilla, pues desde la oposición se echa en cara al Ejecutivo local que no haya hecho todo lo posible por paralizar esa extradición. Además, CpM considera que debería haber sido la Ciudad Autónoma la que sufragara los gastos de su defensa jurídica, algo que fue desechado por el Ejecutivo local.
Junto a ello, también se aprobó una moción entre todas las formaciones políticas en la que se instaba al Gobierno central a que no extraditara a estas tres personas a Marruecos.
Desde el Gobierno local siempre se ha mantenido la opción, en el caso de que sean culpables, de que cumplan su condena en España, ya que su extradición podría crear un precedente para todos los bereberes que residen en Melilla y Ceuta y son de nacionalidad española.
Est argumento fue criticado entre otros partidos por CpM, al entender que se estaba creando una alarma injustificada entre estos ciudadanos.
