La Delegación de Gobierno salió ayer al paso de las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, que advertía de la posibilidad de que la planta desalinizadora de Melilla dejará de funcionar a principios del próximo mes de junio y nos quedaramos sin agua.
La representante del Ejecutivo central, Sabrina Moh, de quien depende la gestión de la planta, aseguró que se está trabajando en un pliego que permitiría continuar con el funcionamiento de la desaladora y aseguró que el Gobierno se haría responsable de que está se mantenga operativa hasta la finalización de las obras del cuarto módulo. Por su parte, la Ciudad Autónoma insiste en que ve muy poco probable que se cumplan los plazos y que será necesario tomar medidas excepcionales.
A los ciudadanos les interesa relativamente poco conocer si es el Gobierno central o la Ciudad Autónoma la encargada de gestionar la planta, o si se está negociando un convenio, redactándose un pliego o cualquier otro trámite burocrático. Los melillenses lo que necesitan saber es si cuando abran el grifo de su casa va a salir agua o no.
El agua es un bien esencial y parece mentira que en España, en pleno siglo XXI, estemos con estos dimes y diretes en torno a algo tan elemental.
Desde estas mismas líneas reclamábamos ayer a quien corresponda que se solucione el problema, si es que lo hubiera, y que se asegure el abastecimiento de agua.
Hay cuestiones en las que las Administraciones deben poder ponerse de acuerdo si o si, y no generar incertidumbre en una población que debería poder tener que preocuparse de otras cosas y no de algo tan básico como el agua.
