El Gobierno local solicitará un cambio en la Ley del Menor para poder adaptarla a las peculiaridades de Melilla. A través del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados se instará a que la legislación recoja que se de prioridad a la devolución de los menores extranjeros no acompañados con entrada irregular en la ciudad a sus países de origen, o al país de transito, y que se establezca un tiempo máximo de estancia en Melilla, hasta tres meses.
Con esta propuesta, se pretende que los niños regresen con su núcleo familiar o, en caso de que no fuera posible, que sean enviados a la peninsula para reducir la carga que supone su atención a la Ciudad. Ahora mismo, hay más de 1.000 menores al cuidado de los servicios de Bienestar Social melillenses y los recursos están desbordados.
Es lógico pensar que Melilla no pueda hacerse cargo de todos los que llegan, la frontera con Marruecos es la frontera del país, no solo de la ciudad, y es razonable que los esfuerzos se repartan.
Lo que no es de recibo es la actual situación, con el resto de Comunidades Autónomas y el Gobierno central mirando hacía otro lado, como si el asunto no fuera con ellos. Se comportan de una manera similar a los países del norte de Europa con aquellos que soportamos la presión migratoria en el sur. En Moncloa, antes de exigir solidaridad a los alemanes se debería hacer un profundo análisis de conciencia para ver como de solidario está siendo el Estado español con uno de sus propios territorios y poner soluciones.
