Marina G. es una melillense que en febrero de 2017 contó ante las cámaras de El Faro que a su madre se la “habían matado en el Comarcal de Melilla”, con sólo 59 años.
Para demostrar su sospecha, interpuso una denuncia por lo penal en los Juzgados de la ciudad, con la esperanza de conseguir que se investigue si en el fallecimiento de su madre en 2014 tuvo algo que ver el hecho de que en el Comarcal le hubieran suministrado contraste yodado para hacerle un TAC de abdomen, siendo la paciente alérgica al yodo. Esta situación, supuestamente habría agravado su estado hasta que finalmente la madre de Marina murió.
Cuatro años después de interponer la denuncia, la familia de Marina ha conseguido que un juez de Melilla admita continuar con la instrucción del caso, que había sido archivado provisionalmente en febrero pasado por otra magistrada de los juzgados de la ciudad.
Para proseguir con la investigación el juez que admitió este 22 de noviembre continuar con la instrucción de la causa ha pedido la comparecencia del entonces responsable de Cuidados Intensivos del hospital Comarcal, la identificación del nefrólogo que atendió a la fallecida y la declaración de familiares de la víctima.
No contenta con el sobreseimiento provisional de las actuaciones, Marina no sólo recurrió en el plazo establecido, sino que además interpuso una queja ante el Consejo General del Poder Judicial porque considera que la magistrada que dictó el auto de archivo provisional lo hizo sin argumentar su decisión y presionada por una supuesta inspección del Tribunal Superior de Justicia “anteponiendo el interés estadístico de causas resueltas al correcto esclarecimiento de dicha causa”, según el texto de la queja al que ha tenido acceso El Faro.
A Marina le queda por delante un largo camino judicial, pero para ella, que continúe la instrucción es una pequeña victoria. Más que nada porque siempre creyó en que esa posibilidad era real cuando otros la veían imposible.
Esta melillense de la barriada de la Constitución tiene la convicción de que no va a parar hasta que consiga que se investigue a qué se debió la muerte de su madre.
En 2014 un abogado le sugirió reclamar una indemnización patrimonial ante la Delegación del Gobierno porque, según le dijo, iba a ser difícil demostrar que había habido negligencia médica.
En un principio Marina lo hizo, pero luego se lo pensó mejor y dio marcha atrás porque ella no quiere dinero sino justicia.
Cuatro años después en su perfil de WhatsApp, Marina mantiene una foto junto a su madre en la que se puede leer: “Siempre conmigo”.
Nuestra justicia es lenta y aunque este año ha aumentado la confianza de los españoles en los fallos judiciales, seguimos en el furgón de cola de la Unión Europea. Afortunadamente ese estudio se hizo antes de la histórica decisión del Supremo de que los clientes paguemos el impuesto de actos documentados tras la firma de una hipoteca, dando un espaldarazo a la banca.
Marina lleva 4 años en temas judiciales y los que le quedan. Ella no ha tirado la toalla. Esta situación no es sana ni para su familia ni para los médicos que están siendo investigados. Cuanto antes se resuelva, mejor para las dos partes y para la confianza en la justicia.
