El Pleno aprobó este viernes una prórroga de dos años más para la encomienda de gestión a Remesa de las instalaciones relacionadas con el agua, como la estación depuradora y la de bombeo, la desalobradora y el centro de control. El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, aseguró en su intervención que estas infraestructuras han funcionado bien, pero que “se busca la excelencia”. Tan solo Coalición por Melilla (CpM) y Ciudadanos (C’s) se abstuvieron en esta votación. Los segundos no argumentaron su decisión en el tiempo que da la Asamblea.
El diputado de CpM Hassan Mohatar destacó que su partido veía con buenos ojos que se prorrogara esta encomienda de gestión a Remesa, que es una empresa con un 50% de participación de la Ciudad, porque es una forma de ampliar su objetivo social. De hecho, aseveró que se ha propuesto esto en otras ocasiones.
Asimismo, Mohatar aseveró que la anterior empresa que gestionaba la depuradora no había cumplido con los objetivos, según su criterio, y fue un acierto entregar estas instalaciones a la empresa pública. Añadió que la anterior adjudicataria no hizo ninguna inversión en esta planta.
Sin embargo, indicó que había varios puntos en esta prórroga que no tenía claros. Se preguntó si se podría hacer una cesión ilegal de trabajadores al estar en manos de Remesa los empleados de esas instalaciones de agua.
Dudas sobre el pliego
También intervino el diputado socialista Francisco Vizcaíno, que aseguró que la prórroga de esta encomienda de gestión no se debe a que la anterior concesionaria perdiera dinero, sino a que no ganaba lo suficiente.
Al margen de esto, subrayó que su partido está a favor de “remunicipalizar” algunos servicios, sobre todo, los que afectan a los ciudadanos y esta cuestión es una de ellas. De ahí que dijera que es positiva esta nueva encomienda.
No obstante, se preguntó qué va a pasar con algunos de los trabajadores del servicio de agua y también qué significaba que se fuera a hacer un “inventario contradictorio” en los primeros 30 días de inicio de este contrato.
Quevedo respondió a esto último que un inventario contradictorio es que hará uno Remesa y otro la Ciudad, luego se analizarán ambos listados y se cotejarán para ver qué es preciso adquirir para estos servicios.
Al margen de esta cuestión, el consejero de Medio Ambiente hizo hincapié en que todas estas infraestructuras que pasan de nuevo a las manos de Remesa funcionaban bien, pero que se busca que vayan aún mejor. De hecho, dijo que en Málaga ha salido una información reciente de que se vierten aguas sin depurar de más de 100.000 personas.
En cuanto al contrato que había con la anterior adjudicataria, Quevedo aclaró que ni la empresa ni la consejería quisieron seguir con el servicio y apuntó que el dinero que recibía servía para cubrir de forma justa los gastos del personal, por lo que no se podían hacer nuevas inversiones.
El consejero afirmó que al estar Remesa en esta planta depuradora habrá un mayor control de todos los procesos y se mejorará en las actuaciones, como ya se vio reflejado en un informe que se solicitó desde Medio Ambiente.
Comentó que las inversiones las tienen que hacer con cabeza porque destinar mucho dinero implicaría paralizar la planta para hacer las obras y opta por ir realizando de forma puntual esas actuaciones en dicha instalación.
En cuanto a los funcionarios de la red de agua, Quevedo explicó que no habrá problemas con ellos porque se unirán los dos centros de control, tras una obra, y se podrá derivar a algunos de estos empleados a controlar los pozos u otras infraestructuras.
Además, aseveró que no habrá una cesión ilegal de trabajadores a Remesa con los de la depuradora porque tienen un convenio laboral específico, por si más adelante hay una empresa privada, y hay un informe que así lo recoge.
