Un individuo ha sido condenado a cuatro meses de prisión y a pagar una multa de 720 euros por conducir bajo los efectos del alcohol y negarse a realizar las pruebas de alcoholemia tras ser requerido por la Policía Local. Además, se le ha privado del derecho a conducir por un periodo de un año y cuatro meses. Así lo dictó el martes el juez titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla después de que el hombre reconociese que había cometido los hechos expuestos en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
Los hechos enjuiciados tuvieron lugar el 1 de enero de 2013, según pudo saber El Faro. El hombre se puso al volante de un vehículo tras haber ingerido bebidas alcohólicas y terminó chocando contra instalaciones de la Autoridad Portuaria. “Aceleró bruscamente y colisionó contra la barrera de acceso y, a continuación, contra el soporte de las cámaras de seguridad del recinto”, se describe en el escrito de la Fiscalía.
A consecuencia de los golpes, el individuo ocasionó daños valorados en 3.394 euros. Por este motivo, la Abogacía del Estado estaba personada en este caso como acusación particular.
Además de conducir ebrio, el individuo se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia, lo que también está tipificado como un delito en el Código Penal.
Acuerdo de conformidad
El procesado, el día de la vista, decidió llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público. De este modo, accedió a reconocer los hechos a cambio de que se le aplicase una rebaja en la petición de condena.
Así, la Fiscalía de Melilla pasó de reclamarle una pena de siete meses de cárcel por circular bajo los efectos del alcohol a solicitarle una multa de 720 euros. También redujo la pena que le reclamaba por negarse a la prueba del alcohol, que inicialmente era de ocho meses y la dejó en cuatro meses de cárcel. Por otro lado, en un principio solicitaba que se le privase del derecho a conducir por un periodo de dos años y seis meses, dejándolo en un año y cuatro meses.
El hombre no tendrá que ingresar en prisión porque no tenía antecedentes penales, motivo por el que la fiscal no se opuso a suspenderle la entrada en el centro penitenciario. No obstante, si volviera a delinquir en los próximos dos años, se le revocaría esta suspensión y sí iría a la cárcel.
El juez le apercibió de que si no pagaba la multa antes del 30 de noviembre, iría a prisión durante dos meses. Además, tendrá que abonar los daños ocasionados por valor de 3.394 euros.
