El diputado de Ciudadanos en la Asamblea, Luis Escobar, exigió al consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, que explique cuáles son los criterios que se han seguido para contratar a los 16 trabajadores del programa ‘Educación de calle con adolescentes y jóvenes no acompañados en situación de riesgo social de la Ciudad Autónoma de Melilla’.
Se trata de un contrato adjudicado en mayo de este año por un valor de 425.512,64 euros en el que, según explica el diputado de la formación naranja, se debía contratar a 5 educadores sociales, un ATS (ayudante técnico sanitario) y 10 auxiliares de control educativo. “De los 16 trabajadores, sólo 6 (los educadores y el ATS) debían contar con estudios universitarios”, subrayó Escobar. Sin embargo, explicó que, cuando el equipo de Ciudadanos obtuvo el permiso para acceder a los currículum de los contratados, “sólo enseñaron las titulaciones de quienes habían obtenido estudios universitarios”.
Al mismo tiempo, Escobar denunció que, de esos 5 titulados en Educación Social, 2 aparecen con un titulo que está prácticamente finalizado. “Hay una persona que no presenta un título, sino un certificado que dice haber completado todos los créditos de la carrera, pero todavía no se lo pueden expedir porque le falta la capacitación lingüística. Oficialmente no tiene título”, criticó. “Es indudable que estos educadores no deben de tener mucha experiencia para empezar a trabajar con un colectivo tan sensible”, matizó.
Un servicio “delicado”
Por otra parte, Escobar manifestó que no haber recibido ningún tipo de información curricular de los auxiliares de control educativo, salvo el certificado de delitos sexuales. “Por lo tanto, la respuesta es que, si no enseñan nada, no tienen nada”, apostilló.
“No tenemos ninguna titulación de cualificación de estas personas, tampoco tenemos ningún tipo de requisito que pide en el pliego de condiciones y en el convenio colectivo estatal. Si no está la experiencia, ¿qué estamos haciendo?”, declaró el diputado.
Por ello, Escobar urgió a Ventura a aclarar todas estas cuestiones “con la mayor brevedad posible” ante la “delicadeza” del servicio que están prestando en la ciudad y ante la “vulnerabilidad” del colectivo de menores extranjeros no acompañados con los que trabajan.
