La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla dictó el sobreseimiento provisional de una de las piezas separadas de la ‘Operación Tosca’. Se trata de la causa que investigaba a una quincena de personas por cometer un presunto delito de prevaricación administrativa al adjudicar una serie de contratos a la empresa de electricidad Himosa. El Faro tuvo acceso el miércoles a varios autos con fecha del 27 de junio del presente año. Al respecto, el portavoz del Gobierno, Manuel Ángel Quevedo, aseguró ayer que le parecía “lógico” este archivo. “Demuestra que esta actuación estaba fuera de lugar, como ya dijimos desde el primer momento”, añadió Quevedo.
Por su parte, la secretaria general del PSOE melillense, Gloria Rojas, aseguró que ante las decisiones judiciales sólo puede expresar su máximo y absoluto respeto. Indicó que siempre se ha tenido esta actitud y se mantendrá en el tiempo. Asimismo, aseveró que para los socialistas hay dos tiempos, uno que es el político y otro el judicial. Recordó que en el PSOE hay una norma por la que cualquier miembro de la formación que llegue a juicio oral debe dejar su cargo político. Subrayó que esto no ocurre en el PP.
El sobreseimiento de esta pieza separada se realiza porque “no aparece debidamente acreditada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, según recoge en el escrito la titular de la instrucción.
La juez expone en los autos que, tras prorrogar por 18 meses la causa, ni el Ministerio Fiscal ni las partes personadas han propuesto ninguna diligencia de investigación adicional. En esta causa aparecen como querellantes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el sindicato Manos Limpias, el exsecretario general del PSOE local Dionisio Muñoz y la empresa de iluminación Ilumep S.L.
Entre los nombres de las personas investigadas se encuentran algunos conocidos, como el de Miguel Marín, actual presidente de la Autoridad Portuaria; Francisco Javier González, máximo responsable de la Consejería de Fomento; y Esther Donoso, quien ostenta el cargo de consejera de Hacienda.
Ante esta decisión de la titular del juzgado, la Fiscalía de Melilla interpuso un recurso de reforma el pasado día 6. Según pudo saber El Faro, la juez desestimó el recurso presentado por el Ministerio Público. Así consta en otro auto, con fecha del 20 de julio, al que ha tenido acceso este diario. En el mismo se expone que han transcurrido más de tres años desde que dio inicio la instrucción del procedimiento y que ya se hizo una prórroga de 18 meses.
