Un individuo tendrá que pagar dos multas tras reconocer ayer en el juicio que había cometido dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro por negarse a practicar el test de alcoholemia ante la Policía.
En consecuencia, la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla lo condenó a pagar dos sanciones que sumaban la cantidad de 1.350 euros. Según se describía en el escrito de la Fiscalía, el encausado perdió el control de su coche y, como consecuencia, terminó chocando con un ciclomotor y causando lesiones al conductor.
Estos hechos tuvieron lugar el 31 de agosto de 2013. De acuerdo con la descripción que hace la fiscal en su escrito acusatorio, el individuo circulaba con un vehículo que era propiedad de una tercera persona.
Se niega a la prueba
Él conducía por la calle General Polavieja y fue en el cruce de la Avenida Donantes de Sangre donde perdió el control del coche a consecuencia del estado de embriaguez en el que se encontraba. Finalmente, terminó arrollando a un ciclomotor y lesionando al hombre que lo iba conduciendo.
Cuando la Policía se trasladó al lugar a causa del accidente, se percató de que el individuo mostraba síntomas de haber ingerido alcohol, como la halitosis y el enrojecimiento de los ojos.
Sin embargo, el encausado decidió negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia.
Acuerdo de conformidad
Antes de que se iniciase el juicio, la defensa del acusado llegó a un acuerdo de conformidad con la fiscal, que necesariamente pasaba por el reconocimiento de los hechos por parte de su cliente. Inicialmente, la representante del Ministerio Público pedía para él una pena de multa de 2.700 euros por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otra segunda pena, de nueve meses de prisión, por negarse a hacer la prueba de alcoholemia.
No obstante, tras admitir el procesado los hechos imputados, la fiscal modificó las penas que pedía para él. La multa pasó a ser de 450 euros y la pena de cárcel se quedó en tres meses. Sin embargo, como el Código Penal vigente en el momento de los hechos ha sido reformado, sustituyó la pena de prisión por una multa de 900 euros.
Un año sin conducir
Según manifestó la fiscal, aplicaría a la pena la atenuante de dilaciones indebidas por causas ajenas al acusado. Además, solicitó que fuera privado durante un año del derecho a conducir vehículos o ciclomotores a motor.
Por otro lado, la representante del Ministerio Público añadió que el encausado tendría que acudir durante seis meses a un programa de educación en seguridad vial.
El acusado se mostró de acuerdo con los términos de la condena solicitada por la Fiscalía de Melilla. En consecuencia, la titular del Juzgado de lo Penal número 2 pronunció en sala el dictado de una sentencia condenatoria contra el individuo encausado.
