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Bussian pide que se abra un expediente a la trabajadora y dice que el informe técnico que lo avala tiene “errores”
Coalición por Melilla (CpM) criticó ayer en rueda de prensa que el Partido Popular (PP) se aprovechara de su mayoría absoluta en la Comisión de Economía y Hacienda para aprobar una petición de compatibilidad de una trabajadora pública de la Ciudad Autónoma como profesora sustituta interina de la Universidad de Granada (UGR), algo que es “manifiestamente ilegal”, según aseguró el diputado cepemista Rachid Bussian.
Este político aseguró que esta empleada pública estuvo dando clases en la UGR durante el primer cuatrimestre del curso sin autorización previa y expresa, por lo que su formación pidió la apertura de un expediente a esta trabajadora. Desde CpM denuncian que la compatibilidad aprobada en la comisión de ayer es “ilegal” porque no ha dado clases como profesora asociada, sino como sustituta interina, regímenes “totalmente incompatibles”, según Bussian.
El cepemista recalcó que dejando de lado que como sustituta no tiene derecho a la compatibilidad de empleos, para dar clases en la universidad habría requerido un permiso previo y expreso que no solicitó hasta el pasado mes de noviembre. De acuerdo con Bussian, la trabajadora no cumple con los requisitos necesarios para acceder a esta compatibilidad, condición que únicamente podría concederse antes de comenzar la segunda actividad si no se modifica o altera el horario de ninguno de los dos empleos en cuestión.
Bussian tachó de “pseudoinforme” el documento presentado por la secretaria técnica que avaló la compatibilidad de esta empleada y aseguró que dicho texto debería haberse retirado al considerar que está lleno de “errores y contradicciones”. De hecho, el diputado señaló que esta cuestión se había retirado varias veces del orden del día de la comisión por suscitar “dudas interpretativas”. La aprobación de esta compatibilidad en la Comisión de Economía y Hacienda permitirá pasar el asunto este viernes por el Consejo de Gobierno de la Ciudad. Dadas las circunstancias, CpM advirtió en la comisión que cualquier órgano de gobierno que avale esta compatibilidad podría estar incurriendo en prevaricación administrativa.
