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El grupo dice que ha recibido las quejas de unos 30 empresarios
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Estudian llevar este asunto a los juzgados
El diputado Mohamed Ahmed, de Coalición por Melilla (CpM), cree que el Ejecutivo local y la Delegación del Gobierno podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación y en ilegalidades al establecer limitaciones a los empresarios del sector del transporte que ejercen su actividad en la frontera conforme a lo que marca la ley. Según expuso ayer el cepemista en rueda de prensa, hay una treintena de empresarios que han denunciado al principal grupo de la oposición el agravio que les ocasionan estas nuevas trabas.
Explicó el diputado que estos empresarios no pueden realizar su actividad comercial sin que intervenga “un capitán en frontera” o una “delegación” que los autorice. Además, Ahmed señaló que se están limitando los días en los que se permite trabajar a estas empresas, además de delimitar las características de los vehículos que pueden dedicarse a ello.
A los juzgados
El cepemista explicó que la formación está en contacto con los empresarios afectados para estudiar la situación y decidir si se interpone o no una denuncia contra la Delegación del Gobierno por un presunto delito de prevaricación. “Se debe establecer orden en la frontera, pero no de cualquier manera”, incidió Ahmed, quien considera que las administraciones han tomado decisiones “arbitrarias” que causan un gran “agravio” a las empresas del sector.
Quevedo no responde
El diputado de CpM también lamentó que el consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, haya eludido responder a las dudas planteadas por la formación sobre este asunto. Aseguró que algunos empresarios también habían tratado de ponerse en contacto con el dirigente del PP para abordar esta problemática, aunque sin éxito.
Por otro lado, Ahmed subrayó que hace unas semanas la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) había comenzado a distribuir unos formularios a las empresas dedicadas al transporte en la frontera. Según expuso el cepemista, los empresarios consideran que esta es una intromisión que no se entiende, ya que existe una ley que es la que regula las condiciones para desarrollar la actividad comercial.
