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La institución ha reclamado este año mejoras en el sistema de primera acogida de estas personas
El Defensor del Pueblo ha reclamado mejoras en el sistema de primera acogida de inmigrantes y ha pedido infraestructuras adecuadas, con personal y recursos, para atender de manera eficaz las llegadas de personas en situación irregular.
Esta es una de las recomendaciones que ha hecho a lo largo de 2017 la institución, presidida actualmente en funciones por Francisco Fernández Marugán tras concluir Soledad Becerril su mandato. El Defensor del Pueblo ha enviado a las administraciones 2.175 resoluciones este año, dirigidas a “proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos”.
Según explica la institución en un balance de 2017, el Defensor tramitó más de 24.750 quejas de los ciudadanos y superó las 750 actuaciones de oficio; en total, se gestionaron más de 25.550 expedientes.
Defensa de los derechos
En materia de inmigración y continuando con su labor “en defensa de los derechos de las personas migrantes”, según sus palabras, la institución también ha formulado recomendaciones para mejorar la asistencia social, jurídica y cultural que se presta en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
El Defensor del Pueblo inició una actuación de oficio que ha derivado en estas recomendaciones tras detectar numerosas carencias en las visitas realizadas a estos centros.
“El Reglamento de los CIE apuntaba la necesidad de una profunda reforma en estos centros que el Defensor no aprecia que se haya producido en la asistencia social, cultural y jurídica”, indican en el balance.
Además, mantiene un seguimiento de la situación en la que se encuentran las personas internadas en el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) en funciones de CIE de carácter temporal. Tras una primera visita a estas instalaciones, el Defensor formuló diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía para que las personas allí internadas gocen de los mismos derechos y garantías que en un CIE.
Técnicos de la institución, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitaron las instalaciones y supervisaron la expulsión de algunos de los internos a Orán (Argelia).
Precisamente ayer se suicidó uno de los inmigrantes internados en la futura cárcel de Archidona, un hombre de 36 años y nacionalidad argelina.
Entre el balance que hace la institución, está el informe realizado sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en centros de privación de libertad, y dos estudios monográficos sobre protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica y sobre la situación de las personas celíacas.
La institución ha mostrado su preocupación por el elevado precio de la electricidad en España, ya que recuerda que es un bien esencial y condición indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna.
El Defensor también inició en 2017 una actuación de oficio con todas las comunidades y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.
