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Desde la Consejería de Bienestar Social se lleva tiempo reclamando más implicación del Estado a la hora de sufragar los gastos derivados de la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos por la Ciudad.
El consejero, Daniel Ventura, ha respondido a la llamada de El Faro y ha anunciado que el Gobierno local solicitará al central entre tres y cuatro millones de euros más en los Presupuestos Generales del Estado para que las tareas de acogida se desarrollen de la forma más eficaz.
En las partidas presupuestarias estatales del año pasado, Melilla recibió algo más de dos millones de euros, una cifra similar a la obtenida en el ejercicio anterior.
Ventura subraya que la Ciudad tutela actualmente a entre 550 y 600 menores foráneos, la mayor parte de ellos procedentes de Marruecos. También cabe destacar que a lo largo de todo el 2016 pasaron por alguno de los centros de acogida de la Ciudad unos 1.400 niños extranjeros, una cifra muy elevada que exige sin duda más recursos del Estado para hacer frente a esta situación en las condiciones adecuadas.
Según Ventura, es necesario elevar la partida presupuestaria recibida del Estado hasta los cinco o seis millones de euros para dar respuesta a las necesidades reales. A esa cantidad hay que sumarle el dinero de los presupuestos de la Ciudad, que destina unos nueve millones de euros anuales a la atención a estos niños.
Ahora, sólo queda esperar a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para saber qué cantidad concreta recibirá Melilla para este fin.
El consejero de Bienestar Social también reveló a El Faro algunas conclusiones del programa de Educadores de calle llevado a cabo por el área que dirige para tratar de convencer a los niños que viven a la intemperie de que acudan a los centros de acogida.
Quienes han trabajado en este programa han observado que en Melilla La Vieja hay un grupo de adultos que supuestamente está abusando de los niños, a quienes proporcionan pegamento. De esta forma, Ventura anunció que denunciará estos hechos ante la Fiscalía de Menores.
El informe también concluye que hay unos 40 jóvenes viviendo en la calle de forma continuada, aunque los educadores pudieron convencer a seis de ellos para que acudieran a los centros de acogida. Son pocos, pero es una prueba de que el programa de atención a los niños que se empeñan en vivir en la calle puede funcionar si se le destinan más recursos. Y es ahí donde el Gobierno central tiene la última palabra.
