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Almansouri señala que entienden que los populares tendrían que aplicar lo que ellos mismos defienden
Coalición por Melilla (CpM) cree que María Antonia Garbín debería dimitir como diputada del PP en la Asamblea después de haber sido condenada en primera instancia a diez años de inhabilitación para ostentar cargo público por el ‘caso Abogados’. La cepemista Dunia Almansouri consideró ayer que los populares tienen que ser coherentes con su propio código interno y apartar a Garbín de su puesto.
Almansouri dijo que su formación siempre ha respetado la presunción de inocencia, pero señaló que en este caso ya hay una condena de un juzgado. Por lo tanto, los cepemistas entienden que lo lógico sería que Garbín dejara su escaño en la Asamblea, al menos hasta que haya una sentencia firme. Hay que recordar que el fallo es recurrible y la ex consejera de Bienestar Social ya ha anunciado que presentarán la apelación.
La diputada del principal partido de la oposición insistió en que el PP tiene que ser consecuente con las normas que ellos mismos se han impuesto. Indicó que según el código de los populares el cese debe producirse cuando se abre el juicio oral, algo que ya ha ocurrido de sobra en el caso de Garbín, que tiene hasta sentencia.
La cepemista reconoció, eso sí, que hay que ser prudentes a la hora de valorar la situación de la popular ya que no se trata de una sentencia firme y aún cabe recurso.
Sobre si el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, imputado en el caso del ‘voto por correo’ del que ayer se abrió juicio oral, también tendría que dejar su escaño de diputado en la Asamblea, Almansouri dijo que lo que están pidiendo los cepemistas es que el PP cumpla con sus propias reglas. La diputada insistió en que su formación siempre ha respetado la presunción de inocencia y lo seguirá haciendo.
Hay que recordar que María Antonia Garbín y los otros doce encausados en el ‘caso Abogados’ han sido condenados por un delito de prevaricación administrativa continuada a penas de entre 10 y 4 años de inhabilitación. Según el juez, queda probado que se instauró durante años un sistema de contratación de letrados “arbitrario” y que contravenía la ley. Entre el resto de condenados hay secretarios técnicos y directores generales de la Consejería de Bienestar Social, además de los cuatro abogados que se habrían beneficiado de este sistema de contratos durante varios años.
