-
El líder de C’s señala que si ella no se va por su propio pie debería ser el PP el que optara por cesarla
El líder de Ciudadanos (C’s) en Melilla, Eduardo de Castro, consideró ayer que la ex consejera de Bienestar Social y actual portavoz y diputada del Grupo Popular en la Asamblea, María Antonia Garbín, tendría que ser cesada de su cargo. De Castro aseguró que “no quiere hacer sangre” con la sentencia que condena a Garbín a diez años de inhabilitación para ostentar el cargo de consejera, pero dijo que entiende que según el propio código ético del PP debería apartarse.
El máximo responsable de C’s indicó que sin los funcionarios condenados en primera instancia tienen que apartarse de sus puestos, Garbín debería tomar la decisión de presentar su dimisión como han hecho otros populares en Murcia o en Madrid.Apuntó que en el caso de que ella no quiera marcharse por su propio pie debería ser el partido el que decidiera cesarla. “La pelota está en su tejado, ellos deberían tomar esa medida”, aseveró.
De Castro dijo al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, que “no hay ley con minúsculas y ley con mayúsculas”, sino que ésta es igual para todos y hay que cumplirla. Insistió en que igual que puede afectarle a los funcionarios, la situación que se da también debería repercutirle a María Antonia Garbín.
El líder de Ciudadanos dijo, eso sí, que está convencido de que los funcionarios condenados en primera instancia no tuvieron intención de delinquir. En cualquier caso, De Castro insistió en que es una cuestión delicada y deseó suerte a todos los encausados, incluida la ex consejera de Bienestar Social en el recurso que van a presentar. Además, se mostró convencido de que la Administración seguirá su funcionamiento por el gran trabajo que realizan los funcionarios que están en ella.
Hay que recordar que los trece encausados en el ‘caso Abogados’ han sido condenados en primera instancia por un delito de prevaricación administrativa continuada. María Antonia Garbín se enfrenta a una pena de diez años de inhabilitación para ostentar cargo público. El resto de los condenados tienen penas de entre nueve y cuatro años como cooperadores necesarios o cómplices del delito. Todos tienen un plazo de diez días para recurrir el fallo.
