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Almansouri recuerda que su formación siempre ha mantenido que las devoluciones eran contrarias a la ley
La diputada de Coalición por Melilla (CpM) Dunia Almansouri celebró ayer que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado a España por las ‘devoluciones en caliente’ de dos inmigrantes que trataron de entrar en nuestra ciudad en un salto a la valla el 13 de agosto de 2014. Aseveró que se debe cambiar la modificación que se hizo a la Ley de Extranjería para tratar de regularizar estas devoluciones de inmigrantes.
Almansouri recordó que su formación siempre ha sido contraria a unas prácticas que consideraba que estaban fuera de la legalidad y afirmó que es necesario que cesen de inmediato este tipo de expulsiones.
La cepemista señaló que ya en su día ellos apuntaron que la modificación a la Ley de Extranjería a través de la introducción de una disposición adicional a la Ley de Seguridad Ciudadana no podía justificar la realización de unas prácticas que no están amparadas por el derecho internacional. “España no puede legislar contra una norma superior”, aseveró la diputada del principal partido de la oposición.
Almansouri recordó que en el documento sobre frontera elaborado por su partido en colaboración con otras entidades se pedía un protocolo de actuación para que los guardias civiles tuvieran claro qué actuación debían realizar cuando estaban a pie de valla para no ir contra ninguna normativa y el convenio de los Derechos Humanos.
“Lo importante es que se aplique la legalidad que es igual para todos”, aseveró la cepemista. Almansouri lamentó que el Partido Popular “esté acostumbrado a usar la fuerza para solucionar los problemas” y reiteró que el cambio que hizo en la normativa no era legal, como a su juicio demuestra ahora la sentencia de Estrasburgo.
La diputada criticó que en este tipo de situaciones los cabezas de turco sean al final los agentes de las Fuerzas de Seguridad que cumplen las órdenes que da el Gobierno y dijo que no entiende que el Ejecutivo haya acusado con tanta arbitrariedad. Dijo que espera que se dé marcha atrás y a partir de ahora se actúa confirme a la ley.
La diputada del principal partido de la oposición aseveró que desde su formación llevan años denunciando las vulneraciones de Derechos Humanos que se han producido en la frontera entre nuestra ciudad y Marruecos e insistió en que no puede permitirse que esta situación se siga repitiendo.
La sentencia impone una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los demandantes, N.D., de Mali, y N.T., de Costa de Marfil, por daños morales.El tribunal destaca que la versión de los demandantes, apoyada por distintos vídeos, fue corroborada por varios testimonios recogidos por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Según el fallo, los demandantes fueron expulsados inmediatamente, “sin que antes tuvieran acceso a intérpretes y a una asistencia jurídica que les informara de las disposiciones pertinentes del derecho de asilo o de los procedimientos contra su expulsión”.Por ello, “fueron privados de toda posibilidad de recurso”, que les hubiera permitido tener acceso a una autoridad judicial y “beneficiarse de un control atento y exhaustivo” de su demanda antes de su devolución.
